El Gobierno nomina a la progresista Teresa Peramato para el cargo de fiscal general del Estado | España

El Gobierno ha optado por Teresa Peramato (Salamanca, 63 años), una fiscal con una fuerte conexión a la lucha contra la violencia de género, para reemplazar a Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Esta propuesta llega tras la condena del Tribunal Supremo a García Ortiz a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos relacionado con el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, quien se encuentra procesado por fraude contra Hacienda. García Ortiz se mantendrá en su puesto como fiscal general hasta el nombramiento formal de Peramato en unas semanas.

Peramato es fiscal de carrera con 35 años de experiencia y actualmente se desempeña como fiscal de sala jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. También actúa como fiscal de sala delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penal. Tras el Consejo de Ministros, Félix Bolaños ha resaltado la trayectoria “intachable” e “impecable” de la futura fiscal general, así como su “extraordinaria” formación jurídica. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en contacto constante con Pedro Sánchez —quien llegó a la base aérea de Torrejón de Ardoz a las 6.05 tras su gira africana—, subrayó el “compromiso feminista y de servicio público” de Peramato, quien será la cuarta mujer en liderar la Fiscalía General del Estado. Consuelo Madrigal rompió ese techo de cristal en 2015, seguida por María José Segarra y Dolores Delgado desde 2018, ya bajo el Gobierno actual.

La propuesta del Ejecutivo tiene el “reconocimiento unánime de los operadores jurídicos”, según La Moncloa. Su mayor fortaleza es una extensa trayectoria, principalmente enfocada en la lucha contra la violencia machista. De hecho, es considerada una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta área. En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También formó parte del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer, contribuyendo al Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007). Además, ha sido fiscal de sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025.

Bolaños ha enfatizado el “protagonismo indiscutible” de Peramato en la implementación de la ley de violencia sobre la mujer hace dos décadas, una legislación pionera diseñada para apoyar a las víctimas de violencia de género. “No hay dudas, y así lo percibimos desde el Gobierno, de que es la persona absolutamente idónea para afrontar los retos del Ministerio Fiscal”, ha declarado el ministro, quien también mencionó que uno de sus desafíos será “seguir fortaleciendo la autonomía” de la Fiscalía. La condena a García Ortiz coincidió con el 50º aniversario de la muerte de Francisco Franco, mientras que la propuesta del Gobierno para su sucesión coincide con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bolaños destacó esta coincidencia para justificar la velocidad de actuación del Gobierno.

En un tono diferente al de Bolaños, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha instado a la ciudadanía a movilizarse y protestar por el fallo del Supremo. Díaz subrayó que “es un derecho movilizarse” y “salir pacíficamente a las calles”. “Las calles no pertenecen a ellos, las calles son de la democracia en España. Esto también es hacer pedagogía democrática en un país que ha vivido 40 años de franquismo”, declaró la líder de Sumar. “Las calles no son de la extrema derecha en nuestro país”, agregó.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha referido a la concentración de Falange la semana pasada cerca de la sede del PSOE, donde se escucharon cánticos como “Pedro Sánchez, tiro en la nuca”. “Respetamos la movilización de los ciudadanos en muchas ciudades el fin de semana, que nos parece mucho más respetuosa y sana que la que se produjo el viernes frente a la sede de Ferraz”, distinguió Alegría.

La candidata fue también presidenta de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), lo que coincide perfectamente con el mensaje que el Gobierno desea transmitir: que la sucesora de García Ortiz sería una profesional claramente progresista. La selección del Gobierno representa “de manera sobresaliente las mejores virtudes” para ser “una magnífica” fiscal general del Estado, según la UPF, que considera su designación como la elección de una fiscal “de reconocida solvencia técnica” y con una trayectoria marcada “por el rigor profesional, el sentido institucional y la defensa de los derechos fundamentales”. La asociación destaca especialmente su compromiso con la protección de las víctimas, en particular de la violencia de género, así como su contribución “a la creación de un modelo especializado y sensible ante una de las más graves vulneraciones de derechos humanos en nuestra sociedad”.

Peramato será la cuarta persona que ocupe el cargo desde que Sánchez asumió La Moncloa. María José Segarra dirigió la Fiscalía desde su llegada hasta enero de 2020, y la exministra de Justicia Dolores Delgado ocupó el puesto hasta julio de 2022, cuando renunció por problemas de salud, momento en el que asumió García Ortiz. Bolaños ha expresado su pesar por los “durísimos” y “despiadados” ataques que recibió García Ortiz “incluso antes de ser nombrado” y ha elogiado “su indiscutible vocación de servicio”.

García Ortiz continuará en funciones hasta que su cese se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Su renuncia este lunes era necesaria para que el Consejo de Ministros pudiera iniciar el proceso de elección de la nueva jefa del ministerio público. Sin embargo, el Gobierno no ha aprobado su destitución como se esperaba. El plan es hacerlo el mismo día en que se nombre a Peramato. Por lo tanto, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que ocupa el segundo puesto en la jerarquía fiscal, no asumirá el cargo de fiscal general en funciones, y García Ortiz continuará con esa responsabilidad hasta que Peramato complete un proceso que puede durar varias semanas.

El artículo 124.4 de la Constitución establece que el fiscal general del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, previa consulta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este miércoles, el Pleno de dicho órgano judicial se pronunciará sobre la propuesta del Ejecutivo en una reunión convocada al mediodía. Una vez recibido el informe del CGPJ, que no es vinculante, el Gobierno debe notificar su propuesta al Congreso, que determinará una fecha para que el candidato comparezca ante la Comisión de Justicia y se evalúe su idoneidad. El Poder Judicial no dio su respaldo en 2023 a la propuesta de nombramiento de un fiscal general del Estado, en este caso García Ortiz. El Gobierno espera que no se repita esta situación. El proceso concluirá cuando la aspirante asuma el cargo ante el pleno del Tribunal Supremo.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estableció este lunes que la persona propuesta por el Ejecutivo debe ser un “jurista con 20 años de experiencia”, que cuente con el aval vinculante del CGPJ en su informe preceptivo sobre la idoneidad del candidato y que no haya ocupado cargos políticos en los últimos cinco años. “Desde el Gobierno cumplimos la ley y no inventamos requisitos. Este proceso cumple rigurosamente la ley, que en cuanto a requisitos y condiciones para ser fiscal general del Estado se acordó con el PP para renovar el CGPJ. Ninguna de las condiciones que Feijóo mencionó fue pactada en ese acuerdo”, destacó Bolaños sobre el pacto entre PP y PSOE que desbloqueó la renovación del órgano judicial después de más de cinco años de estancamiento por parte de la derecha.

El ministro de Presidencia también criticó la reacción de Feijóo, quien se pronunció sin haber conocido la identidad de la futura fiscal general. “Han surgido reacciones un tanto confusas y erráticas por parte del PP, con algunos comentarios positivos reconociendo su trayectoria y otros más altisonantes. El día de ayer, Feijóo afirmaba que esto era una muestra de la degradación ‘sanchista’… Este tipo de expresiones extremas solo sirven para deslegitimar y llevan a que tengan que retractarse de lo que dicen. Ellos mismos envenenan la convivencia”, subrayó Bolaños sobre un nombramiento que calificó de “absolutamente idóneo”.

García Ortiz presentó este lunes su renuncia al cargo mediante una carta enviada al ministro de Justicia. En la misiva dirigida a Bolaños, mencionó que su decisión de anticipar su salida antes de que el Supremo ejecute la inhabilitación y “sin esperar siquiera la motivación del fallo” se basaba en su “profundo respeto” a las resoluciones judiciales y en su decisión “siempre presente, de proteger a la Fiscalía española”. “A pesar de que mi determinación se deriva directamente del fallo notificado, me queda el convencimiento de haber servido fielmente a la institución a la que me honro en pertenecer, con una clara vocación de servicio público, sentido del deber y lealtad institucional”. García Ortiz podría haberse mantenido en el cargo hasta que el Supremo notifique la sentencia con los argumentos que motivaron su condena (por ahora solo ha hecho pública la decisión), ya que será en ese momento cuando la pena surta efecto. Sin embargo, el fiscal general optó por anticipar su salida invocando el artículo 31.1 a) del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), que permite que el fiscal general del Estado pueda cesar “a petición propia”.