El Defensor del Paciente exige a la Fiscalía intervención en hospitales y residencias de Madrid debido a problemas de climatización y falta de recursos.
En un llamado a la acción urgente, el Defensor del Paciente ha solicitado la intervención de la Fiscalía en los hospitales y residencias de Madrid, debido a la grave situación que se vive en estos centros sanitarios. La falta de recursos y los problemas de climatización en los mismos, están poniendo en riesgo la salud y el bienestar de los pacientes. Esta petición surge después de recibir numerosas quejas y denuncias por parte de pacientes y familiares, quienes han denunciado la falta de condiciones adecuadas en estos centros. El Defensor del Paciente considera que es imprescindible la intervención de la Fiscalía para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad y seguridad en la atención sanitaria.
Intervención fiscal necesaria en hospitales y residencias de Madrid por problemas de climatización y recursos insuficientes
La asociación Defensor del Paciente ha solicitado la intervención de la Fiscalía Superior de Madrid para que actúe ante los problemas de climatización y falta de medios en la atención a los pacientes durante la temporada estival en hospitales públicos y residencias de la Comunidad.
La asociación, presidida por Carmen Flores, pide a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, María Pilar Rodríguez, que investigue la situación gravísima que está pasando en hospitales de Madrid como Ramón y Cajal, La Paz, etc. sin climatización, lo que pone en peligro a los pacientes y profesionales.
«Lo que aduce Ayuso es que no hay dinero, para eso no para gastar en un Zendal 200 millones de euros inútiles, o para que en Madrid se celebre la Formula 1: gastará otros 3,5 millones de euros para la dirección de obras y el coste llega ya a los 51 millones, pero para que los pacientes y profesionales respiren no hay dinero», denuncia.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid «en pleno ¿pasará calor?, seguro que no, y lo curioso que para eso si hay dinero», inciden.
El Defensor del Paciente reclama por ello que se tomen medidas y se intervenga en virtud del Artículo 376 del Código Penal, que establece: «El funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años».
«También lo llamaríamos abuso de poder. También nuestra solicitud como siempre, está fundamentada en que el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos obliga a los que por su cargo, profesión u oficio tuvieren noticia de algún delito público a denunciarlo inmediatamente al Juez o al Fiscal», concluyen desde El Defensor del Paciente.
La asociación exige que se tomen medidas urgentes para solucionar los problemas de climatización y falta de recursos en los hospitales y residencias de Madrid, y que se investigue la responsabilidad de los funcionarios públicos que han permitido que esta situación continúe.
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