En una decisión que ha generado controversia, el juez ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos en relación al caso mascarillas. Esta noticia ha causado revuelo en la opinión pública, ya que se trata de un tema sensible en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19. La decisión judicial ha sido recibida con sorpresa por algunos sectores, mientras que otros la han respaldado señalando la necesidad de respetar el debido proceso y los derechos fundamentales de los implicados. Este caso seguirá siendo objeto de seguimiento por parte de la sociedad y los medios de comunicación, en busca de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien lleva adelante la investigación sobre presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha decidido dejar en libertad a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado la prisión para ninguno de los detenidos, incluido García, en el marco de la presunta corrupción relacionada con la compra de mascarillas en plena pandemia.
El juez ha impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, así como la obligación de presentarse quincenalmente ante el juzgado. Entre los detenidos, se encuentran también el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaetxe.
La Guardia Civil detuvo a un asesor del exministro Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas, en una operación que involucra a varios detenidos por supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19 destinados a ministerios y comunidades autónomas.
La investigación, liderada por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a un total de 20 personas. Los contratos investigados superan los 50 millones de euros y están relacionados con material destinado a ministerios e instituciones autonómicas.
En este contexto, el Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas vinculado a Koldo García, mientras que el Gobierno se ha comprometido a colaborar con las autoridades en la investigación. La operación sigue abierta, y no se descarta la posibilidad de nuevas detenciones en el marco de esta causa que se mantiene bajo secreto judicial.
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