El juez ha tomado la decisión de retirar el pasaporte y conceder la libertad provisional al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos en el marco del caso mascarillas. Esta medida cautelar se ha llevado a cabo tras las declaraciones realizadas por los implicados en el caso y en medio de una investigación que sigue su curso. La libertad provisional otorgada implica que los detenidos podrán continuar con su vida diaria, pero estarán sujetos a ciertas condiciones impuestas por el juez para garantizar la continuidad de las diligencias judiciales. Esta noticia marca un nuevo capítulo en un proceso que ha generado gran interés mediático y que sigue generando repercusiones en la opinión pública.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga las presuntas mordidas en la adquisición de mascarillas, ha decidido poner en libertad a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado al juez el ingreso en prisión de Koldo García, el exasesor de José Luis Ábalos, ni de los otros tres detenidos por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado ha determinado dejarlos en libertad tras la ausencia de petición de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, se ha impuesto la medida de retirada del pasaporte a García, De Aldama y al empresario Iñigo Rotaetxe, además de la obligación de presentarse cada quince días ante el juzgado. Los otros detenidos que han comparecido ante el juez son el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaetxe.
Por su parte, la Guardia Civil arrestó a un asesor del exministro Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas. Los agentes presentaron ante el magistrado a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19, cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha derivado en la detención de 14 personas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que involucran a 20 individuos. Las detenciones, realizadas por la UCO en diferentes provincias de España, fueron acompañadas de unos 26 registros domiciliarios que se extendieron hasta altas horas de la madrugada.
En cuanto a los contratos públicos investigados, se estima que superan los 50 millones de euros, siendo firmados por entidades como el Ministerio del Interior. La operación sigue en curso, por lo que no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta causa que se mantiene bajo secreto.
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