El juez encargado del caso mascarillas ha tomado la decisión de retirar el pasaporte y otorgar la libertad provisional al exasesor de Ábalos, Koldo García, así como a otros detenidos relacionados con esta investigación. Esta medida ha sido tomada tras las declaraciones realizadas por los implicados en el presunto fraude en la venta de material sanitario durante la pandemia. La decisión del juez ha generado controversia en la opinión pública, ya que se esperaba una postura más severa en este tipo de casos. El proceso judicial continuará su curso mientras se investigan los supuestos delitos cometidos en este escandaloso caso.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado la liberación de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe, en el marco de la investigación sobre presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía no ha solicitado prisión para ninguno de los detenidos, imponiendo en cambio medidas como la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.
Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a un asesor de Ábalos por corrupción en la adquisición de mascarillas, como parte de las investigaciones que incluyen contratos destinados a ministerios y comunidades autónomas. El exasesor se ha negado a declarar ante el juez en relación con las presuntas irregularidades.
La investigación, que involucra a 20 personas y abarca delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, ha llevado a 14 detenciones y registros domiciliarios en diversas provincias españolas. Se estima que el monto de los contratos supera los 50 millones de euros, destacando la adjudicación de material de protección por parte del Ministerio del Interior a una empresa por valor de 3,4 millones de euros.
El PP ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas, mientras que el Gobierno ha prometido colaborar con las investigaciones en curso. La trama de presuntas mordidas en los contratos de emergencia de mascarillas durante la pandemia ha generado repercusiones en varios gobiernos autonómicos, manteniéndose abierta la posibilidad de nuevas detenciones en el marco de esta causa.
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