El juez a cargo del caso mascarillas ha tomado la decisión de retirar el pasaporte y dejar en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos. Esta medida judicial se produce en el contexto de las investigaciones relacionadas con un presunto fraude en la compra de material sanitario durante la pandemia. La liberación de los implicados llega después de varios días de interrogatorios y diligencias llevadas a cabo por las autoridades competentes. La noticia ha generado gran expectación en la opinión pública, ya que este caso ha sido objeto de seguimiento por su relevancia política y social. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre las implicaciones de esta decisión judicial.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha dispuesto la liberación de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe.
La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para Koldo García ni los otros tres detenidos, todos ellos involucrados en presunta corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. El magistrado ha impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, así como la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado.
Por otro lado, la Guardia Civil ha detenido a un asesor de Ábalos por sospechas de corrupción en la compra de mascarillas, poniendo a disposición del juez a cuatro de los 14 detenidos por presuntas mordidas en contratos relacionados con la pandemia de Covid-19.
La investigación, liderada por la Audiencia Nacional y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, afectando a un total de 20 individuos.
Se estima que los contratos bajo investigación superan los 50 millones de euros, involucrando a administraciones públicas como los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias. La trama de presuntas mordidas en la compra de mascarillas sigue en desarrollo y no se descartan nuevas detenciones en el futuro cercano.
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