En una decisión que ha generado controversia, el juez ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos en el marco del caso mascarillas. Esta medida cautelar impuesta tras un largo proceso de investigación, ha sorprendido a la opinión pública y ha generado diversas reacciones en el ámbito político. El caso mascarillas ha sido objeto de atención mediática debido a las presuntas irregularidades cometidas en la venta de material sanitario durante la pandemia, lo que ha llevado a la detención de varias personas vinculadas a este escándalo. La decisión del juez de permitir la libertad de los implicados, mientras se mantiene la investigación en curso, ha despertado críticas y debates en torno a la justicia y la transparencia en este tipo de casos.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas mordidas en la adquisición de mascarillas, ha decidido liberar a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado el ingreso en prisión de ninguno de los detenidos, incluido Koldo García, ni de los otros tres implicados en el presunto caso de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El juez ha impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, además de la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. La Guardia Civil arrestó a un asesor del exministro Ábalos por corrupción en la adquisición de mascarillas, poniendo a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por presuntas mordidas en contratos relacionados con la pandemia de Covid-19.
Por su parte, el exasesor de Ábalos se ha negado a declarar ante el juez por las presuntas mordidas en la compra de mascarillas. La investigación, llevada a cabo por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil, ha resultado en la detención de 14 personas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que involucran a 20 individuos.
El monto de los contratos investigados supera los 50 millones de euros, abarcando material destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias. La Guardia Civil ha solicitado documentación al Ministerio de Transportes en el marco de la investigación sobre presuntas mordidas en contratos de emergencia durante la pandemia.
La trama de corrupción en los contratos de mascarillas durante la pandemia podría afectar a los gobiernos autonómicos de Armengol y Torres. La operación continúa abierta, y se prevén más detenciones en las próximas horas en el marco de esta causa que se mantiene bajo secreto judicial.
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