El juez a cargo del caso mascarillas ha tomado la decisión de retirar el pasaporte y dejar en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros implicados. Esta medida se ha tomado tras las detenciones realizadas en relación con presuntas irregularidades en la gestión de la compra de mascarillas. La investigación sobre este caso ha generado gran interés en la opinión pública, ya que implica a figuras relevantes en el ámbito político y empresarial. La decisión del juez de permitir la libertad de los detenidos, aunque con la restricción de retirarles el pasaporte, marca un nuevo capítulo en este controvertido asunto que sigue generando polémica y debate en la sociedad.
El Juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha decidido liberar a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado la prisión de ninguno de los detenidos por presunta corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
El Juez Central de Instrucción Número 2 ha determinado dejar en libertad a los implicados tras la falta de solicitud de prisión por parte de la Fiscalía Anticorrupción. No obstante, se ha impuesto la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, además de la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Otros detenidos en el escándalo de corrupción relacionado con las mascarillas son el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF y el empresario Iñigo Rotaetxe.
La Guardia Civil ha detenido a un asesor del exministro Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas. Cuatro de los 14 detenidos en relación con las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19, cuyo material se destinó a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias, han sido puestos a disposición del juez.
En la investigación, en la que participan la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, se han producido 26 registros domiciliarios que se extendieron hasta altas horas de la madrugada. El monto total de los contratos supera los 50 millones de euros, afectando a diversas administraciones públicas. El Gobierno se compromete a colaborar en la investigación, mientras el Partido Popular exige explicaciones sobre el caso.
La investigación sigue abierta, y no se descarta la posibilidad de nuevas detenciones en el marco de esta causa que se mantiene en secreto judicial.
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