El juez ha decidido retirar el pasaporte y conceder la libertad provisional al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos en relación al caso de mascarillas. Esta decisión judicial se produce tras las investigaciones realizadas por las autoridades correspondientes. El caso de las mascarillas ha generado gran controversia en la opinión pública y ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. La liberación de los detenidos marca un nuevo capítulo en este proceso judicial, que continuará desarrollándose en los próximos días. Las implicaciones de este caso son de gran relevancia y se espera que se esclarezcan todos los detalles pertinentes en el transcurso de la investigación en curso.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien investiga las presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha decidido la puesta en libertad de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado al juez el ingreso en prisión de Koldo García ni de los otros tres detenidos, implicados en un presunto caso de corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
El magistrado ha impuesto la medida de retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, además de la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Los detenidos han pasado ante el juez por su presunta implicación en un caso que afecta a contratos relacionados con la crisis sanitaria del Covid-19, destinados a ministerios y comunidades autónomas.
La Guardia Civil detuvo a 14 personas por supuestas mordidas en contratos durante la pandemia, con registros domiciliarios que se extendieron hasta altas horas de la madrugada. La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha derivado en la detención de estos individuos por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
El monto de los contratos investigados supera los 50 millones de euros, involucrando a administraciones públicas y empresas en presuntas irregularidades en la compra de material sanitario. La operación sigue abierta, y no se descarta la posibilidad de nuevas detenciones en relación con este caso de corrupción que ha generado gran preocupación en la opinión pública.
El Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas y el Gobierno ha prometido colaborar con la investigación. La trama de presuntas mordidas en contratos de emergencia durante la pandemia afectaría a varios gobiernos autonómicos, generando un escándalo que ha puesto en entredicho la transparencia en la gestión de la crisis sanitaria.
Deja una respuesta