El juez ha decidido retirar el pasaporte y conceder la libertad provisional al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a los otros detenidos en relación con el caso de las mascarillas. Esta medida se produce después de que hayan prestado declaración ante la autoridad judicial. Se les imputan presuntos delitos de corrupción en la contratación pública y otros relacionados con el uso indebido de fondos destinados a la adquisición de material sanitario durante la pandemia. La decisión del juez ha generado controversia en la opinión pública, ya que algunos consideran que se trata de un paso en la dirección correcta hacia la transparencia y la rendición de cuentas, mientras que otros critican la aparente lenidad de la justicia ante estos casos de presunta corrupción.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha ordenado la libertad de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe, quienes estaban detenidos por presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía no solicitó prisión para ninguno de ellos, por lo que el juez decidió dejarlos en libertad con la condición de retirarles el pasaporte y obligarles a comparecer quincenalmente ante el juzgado.
Además, la Guardia Civil detuvo a un asesor de Ábalos por corrupción en la adquisición de mascarillas. Cuatro de los 14 detenidos por presuntas mordidas en contratos durante la pandemia fueron puestos a disposición del magistrado, en una investigación que involucra a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La investigación, a cargo de la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas. Los contratos investigados superan los 50 millones de euros, involucrando a empresas que suministraron material a diferentes entidades públicas.
El Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso y el Gobierno se comprometió a colaborar con la investigación. La trama de presuntas mordidas en los contratos de emergencia de mascarillas durante la pandemia afectaría a gobiernos autonómicos, como los de Armengol y Torres. La operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
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