El juez ha tomado una decisión trascendental en el caso de las mascarillas al retirar el pasaporte y conceder la libertad provisional al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a los demás detenidos. Esta determinación marca un nuevo giro en la investigación que ha mantenido en vilo a la opinión pública. La liberación de García y los otros implicados supone un cambio significativo en el desarrollo de este escándalo que ha sacudido el ámbito político. Los detalles de la resolución judicial revelan la complejidad de este caso que ha generado una gran controversia en la sociedad. Sin duda, este suceso continuará generando titulares y debates en los próximos días, mientras se desvelan más detalles sobre las implicaciones de esta decisión.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha decidido liberar a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora Víctor de Aldama y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe, implicados en el caso de presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía no solicitó prisión para ninguno de los detenidos. No obstante, se les ha retirado el pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, y se les ha impuesto la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.
Los detenidos pasaron ante el juez por presunta corrupción en la compra de mascarillas destinadas a diversos organismos públicos. Entre los detenidos se encontraban el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaetxe.
La investigación, liderada por la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Se estima que los contratos investigados superan los 50 millones de euros.
El exasesor de Ábalos se negó a declarar ante el juez, y la operación sigue abierta, sin descartar más detenciones en el marco de esta causa que se mantiene bajo secreto judicial. El PP ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas y el Gobierno ha prometido colaborar con la justicia en la investigación.
La Guardia Civil ha solicitado documentación a los Ministerios de Transportes e Interior en relación con las presuntas mordidas en contratos durante la pandemia. La operación sigue en curso y se han realizado registros domiciliarios que se extendieron hasta altas horas de la madrugada.
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