El juez ha tomado una decisión significativa en el caso mascarillas, al retirar el pasaporte y conceder la libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos. Esta medida, de carácter cautelar, se produce tras las investigaciones llevadas a cabo en torno a presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. Koldo García, figura clave en este entramado, recupera momentáneamente su libertad, aunque se le imponen restricciones como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el juez periódicamente. Este giro en el proceso judicial ha generado gran expectación y plantea nuevas incógnitas sobre el desenlace de este caso que ha mantenido en vilo a la opinión pública.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, responsable de la investigación de presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, ha decidido otorgar la libertad a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, así como a su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe.
La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para Koldo García, exasesor de Ábalos, ni para los otros tres detenidos implicados en presunta corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. El juez ha impuesto medidas cautelares como la retirada de pasaportes a García, De Aldama y Rotaetxe, además de la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.
La Guardia Civil ha detenido a un asesor de Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas, poniendo a disposición del juez a cuatro de los 14 arrestados por las presuntas irregularidades en contratos durante la pandemia de Covid-19, cuyo material fue destinado a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y con participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha derivado en la detención de 14 personas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que involucran a 20 individuos.
El montante de los contratos investigados en las administraciones públicas supera los 50 millones de euros, destacando una adjudicación de material de protección por parte del Ministerio del Interior a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa por un valor de 3.479.355 euros.
La trama de presuntas mordidas en contratos de emergencia de mascarillas durante la pandemia también habría afectado a los gobiernos de Baleares y Canarias. La operación sigue en curso, no descartándose nuevas detenciones en relación a este caso que se mantiene bajo secreto judicial.
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