En un giro inesperado, el juez ha decidido retirar el pasaporte y conceder libertad al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos en el marco del caso mascarillas. Esta decisión ha generado gran controversia en la opinión pública, pues se trata de una investigación que ha mantenido en vilo a la sociedad durante semanas. La liberación de García y los demás implicados plantea interrogantes sobre el desarrollo de las investigaciones y la posible implicación de otras figuras relevantes. Sin duda, este acontecimiento marcará un antes y un después en el devenir de este caso que ha acaparado titulares y generado gran expectación en la sociedad.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de la investigación sobre presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha decidido poner en libertad a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, así como a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no solicitó la prisión preventiva para ninguno de los detenidos, por presunta corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
El juez ha impuesto medidas cautelares, como la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, además de la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. Los otros detenidos son el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaetxe.
Por otro lado, la Guardia Civil detuvo a un asesor de Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas. Se presentaron ante el magistrado cuatro de los 14 detenidos por supuestas irregularidades en contratos durante la pandemia de Covid-19 destinados a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La investigación, a cargo de la Audiencia Nacional y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que afectan a 20 personas. Se realizaron registros domiciliarios que se extendieron hasta altas horas de la madrugada.
El monto total de los contratos investigados supera los 50 millones de euros, siendo uno de ellos por 3,4 millones adjudicado a una empresa clave en el presunto fraude en la compra de mascarillas. El Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso, mientras que el Gobierno se compromete a colaborar con la justicia en la investigación.
La Guardia Civil también solicitó documentación al Ministerio de Transportes en el marco de la pesquisa. La operación sigue en curso y no se descartan nuevas detenciones en las próximas horas.
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