En una decisión que ha generado polémica, el juez ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos por el caso mascarillas. La medida ha sido tomada tras una intensa jornada de declaraciones y tras conocerse más detalles sobre el presunto delito de tráfico de influencias en la compra de material sanitario durante la pandemia. La investigación continúa su curso, y se espera que en los próximos días se aclaren más detalles sobre este escandaloso caso que ha sacudido al país. Las implicaciones políticas y judiciales de esta situación están aún por determinar, y la opinión pública sigue atenta a cada paso que se da en este controvertido caso.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido otorgar la libertad bajo medidas cautelares a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe, en el marco de la investigación sobre presuntas mordidas en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía no solicitó prisión para ninguno de los detenidos, por lo que el juez acordó la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, además de obligarles a comparecer quincenalmente ante el juzgado.
La Guardia Civil detuvo a un asesor de Abalos y a otros implicados por corrupción en la adquisición de mascarillas, poniéndolos a disposición del magistrado. Las investigaciones por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho continúan abiertas, afectando a un total de 20 personas.
El exasesor de Ábalos se negó a declarar ante el juez en relación con las presuntas mordidas, mientras que la investigación, desarrollada por la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas y a la realización de 26 registros domiciliarios en distintas provincias de España.
El monto de los contratos investigados supera los 50 millones de euros, involucrando a administraciones públicas como el Ministerio del Interior y comunidades autónomas como Baleares y Canarias. Se han tramitado contratos de manera negociada y con carácter de emergencia, generando sospechas sobre posibles irregularidades en la compra de material sanitario.
La operación sigue abierta, y no se descartan más detenciones en el marco de esta investigación que permanece bajo secreto judicial. El Partido Popular ha exigido explicaciones sobre este caso, mientras que el Gobierno se compromete a colaborar con las autoridades en el esclarecimiento de los hechos.
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