En una decisión que ha generado controversia, el juez ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos en el marco del caso de las mascarillas. Esta medida cautelar ha sido tomada tras la comparecencia de los implicados ante el tribunal, donde se han expuesto los argumentos de la defensa. La investigación sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos para la compra de material sanitario ha desencadenado una serie de detenciones que han sacudido el panorama político y judicial. El caso ha puesto de manifiesto la importancia de la transparencia y la legalidad en la gestión de los recursos públicos, así como la necesidad de esclarecer los hechos para garantizar la integridad de las instituciones.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas mordidas en la adquisición de mascarillas, ha decidido liberar a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, así como a su hermano Joseba, al presidente del Zamora Víctor de Aldama y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para ninguno de los detenidos, quienes han comparecido ante el juez por presuntos actos de corrupción relacionados con la compra de mascarillas durante la pandemia.
El juez de Instrucción Número 2 ha dictaminado su puesta en libertad, aunque ha ordenado la retirada de los pasaportes de García, De Aldama y Rotaetxe, junto con la obligación de presentarse periódicamente ante el juzgado. Además, se han impuesto medidas cautelares a los detenidos, entre ellos el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF y el empresario Iñigo Rotaetxe.
La Guardia Civil ha procedido a la detención de un asesor de Ábalos por presuntas mordidas en contratos de compra de mascarillas. Cuatro de los 14 detenidos por supuestas irregularidades durante la pandemia, cuyos materiales fueron destinados a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias, han sido puestos a disposición del juez.
La investigación, liderada por la Audiencia Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha llevado a cabo detenciones y registros domiciliarios en diferentes provincias de España. Se estima que el monto de los contratos fraudulentos supera los 50 millones de euros, afectando a administraciones públicas como el Ministerio del Interior, donde se adjudicaron contratos por valor de millones de euros a empresas señaladas en el presunto fraude.
El Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas y el Gobierno se ha comprometido a colaborar con la investigación. Las pesquisas continúan abiertas, con la posibilidad de nuevas detenciones en las próximas horas. La trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia involucra a diferentes entidades gubernamentales y ha despertado la atención de la opinión pública y la prensa.
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