En una decisión que ha generado gran repercusión mediática, el juez ha retirado el pasaporte y dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, así como a otros detenidos en el marco del caso mascarillas. Esta resolución judicial ha marcado un punto de inflexión en el desarrollo de la investigación, que ha mantenido en vilo a la opinión pública durante semanas. La medida de dejar en libertad a los implicados, aunque con la restricción de no poder abandonar el país, ha generado un intenso debate en torno a la presunta implicación de los detenidos en este escándalo que ha sacudido los cimientos del ámbito político y empresarial. La decisión del juez ha abierto un nuevo capítulo en este controvertido caso que sigue generando titulares y especulaciones en la sociedad.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a cargo de la investigación sobre presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha decidido liberar a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no solicitó la prisión preventiva para ninguno de los detenidos, por lo que el juez les ha impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales.
En relación al caso, la Guardia Civil detuvo a un asesor de Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas, poniendo a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos durante la pandemia de Covid-19. Esta investigación, que involucra a 20 personas, abarca delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La pesquisa, dirigida por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a múltiples detenciones y registros domiciliarios en distintas provincias de España. El montante de los contratos investigados supera los 50 millones de euros, afectando a ministerios y comunidades autónomas.
El Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso, mientras que el Gobierno se compromete a colaborar con la investigación. La trama para la compra de mascarillas ha generado preocupación en diferentes instancias gubernamentales, siendo un tema de interés público que sigue en desarrollo.
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