El juez ha decidido retirar el pasaporte y conceder la libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a los demás detenidos relacionados con el caso mascarillas. Esta medida se tomó después de que comparecieran ante la Audiencia Nacional. La investigación se centra en presuntas irregularidades en la venta de material sanitario durante la pandemia. La decisión de retirar el pasaporte y dejar en libertad a los implicados ha generado controversia en varios sectores de la opinión pública. Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre este caso que ha generado gran interés mediático y político en el país.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas, ha resuelto la liberación de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe.
La Fiscalía no ha solicitado al juez la prisión preventiva para Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ni para los otros tres detenidos que comparecieron ante el juez por supuesta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. El magistrado ha decidido dejarlos en libertad, pero les ha impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado.
Por otra parte, la Guardia Civil ha detenido a un asesor de Ábalos en el marco de la investigación por presuntas mordidas en contratos relacionados con la pandemia de Covid-19. Los agentes han puesto a disposición judicial a cuatro de los 14 detenidos por presuntas irregularidades en contratos destinados a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que involucran a 20 individuos.
El montante de los contratos investigados supera los 50 millones de euros y ha generado preocupación en el ámbito político, con el Partido Popular exigiendo explicaciones y el Gobierno prometiendo colaborar con las autoridades judiciales. La operación sigue activa, por lo que no se descarta la posibilidad de nuevas detenciones en relación con este caso que se mantiene bajo secreto de sumario.
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