En un giro inesperado, el juez ha decidido retirar el pasaporte y dejar en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos por el caso mascarillas. Esta decisión judicial ha sorprendido a la opinión pública, generando gran controversia y debate en torno a las implicaciones de este hecho. La investigación sobre el presunto tráfico de material sanitario durante la pandemia ha tomado un rumbo inesperado con esta resolución, que ha dejado perplejos a muchos. Los detalles y motivaciones detrás de esta decisión aún no han sido completamente clarificados, lo que ha avivado aún más la incertidumbre y la especulación en torno a este caso que ha captado la atención de la sociedad.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien lleva a cabo la investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, ha decidido poner en libertad a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para Koldo García ni para los otros detenidos en relación con presuntos actos de corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
El juez ha impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte a García, De Aldama y al empresario Rotaetxe, además de la obligación de comparecer cada quince días ante el juzgado. Otros tres detenidos relacionados con este caso son el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaetxe.
La investigación, que involucra a la Fiscalía Anticorrupción y a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Los contratos bajo sospecha ascienden a más de 50 millones de euros y habrían sido destinados a ministerios y comunidades autónomas para la adquisición de material durante la crisis sanitaria.
La Guardia Civil ha realizado registros domiciliarios en diversas provincias españolas, extendiéndose hasta altas horas de la madrugada. En el marco de esta operación, se ha interrogado a altos funcionarios como el secretario de Estado de Seguridad y el director del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior.
La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones en relación con este caso de presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia. El Partido Popular ha exigido explicaciones al Gobierno sobre este escándalo, mientras que las autoridades se comprometen a colaborar con la justicia en el esclarecimiento de los hechos.
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