En una decisión que ha generado gran controversia, el juez ha optado por retirar el pasaporte y conceder libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros implicados en el caso mascarillas. Esta medida cautelar ha sido tomada tras las investigaciones que apuntan a posibles irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia. La liberación de García y los demás detenidos ha generado reacciones encontradas en la opinión pública, con sectores que cuestionan la decisión judicial y otros que la consideran un acto de justicia. El caso continúa generando interés y será necesario seguir de cerca su evolución en las próximas semanas.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien investiga las presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha decidido liberar a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, así como a su hermano Joseba, al presidente del Zamora Víctor de Aldama y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado prisión para ninguno de los detenidos, incluyendo a Koldo García, en relación con la presunta corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
El juez ha impuesto medidas como la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, además de obligarles a comparecer quincenalmente ante el juzgado. Los detenidos, entre ellos el hermano de Koldo García, el presidente del Zamora CF y el empresario Iñigo Rotaetxe, fueron puestos a disposición del magistrado por la Guardia Civil en el marco de la investigación sobre supuestas mordidas en contratos relacionados con la pandemia de Covid-19.
La investigación, llevada a cabo por la Audiencia Nacional con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha resultado en la detención de 14 personas por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, afectando a un total de 20 individuos. Las detenciones, realizadas en varias provincias de España, han sido acompañadas de registros domiciliarios que se extendieron hasta altas horas de la madrugada.
La investigación se centra en presuntas mordidas en contratos de material destinado a ministerios y comunidades autónomas por un monto que supera los 50 millones de euros, según estimaciones de los investigadores. Estos contratos, tramitados de forma negociada y con carácter de emergencia, han sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades.
Ante la situación, el Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso, mientras que el Gobierno se ha comprometido a colaborar con las investigaciones pertinentes. La trama de corrupción en la compra de mascarillas ha generado repercusiones en varios ámbitos gubernamentales, incluyendo la solicitud de documentación al Ministerio de Transportes por parte de la Guardia Civil.
La operación sigue en curso y no se descarta la posibilidad de nuevas detenciones en relación con este caso que ha sido catalogado como secreto.
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