En un golpe contundente contra la corrupción política, la Audiencia Nacional ha ordenado el procesamiento de 43 personas, entre ellas el ex número dos del Partido Popular de Madrid, por su presunta implicación en un escándalo de corrupción relacionado con la adjudicación de suelo público y obras del Metro de Madrid. Esta decisión judicial supone un hitazo contra la impunidad y abre la puerta a un juicio histórico que sacudirá los cimientos de la política madrileña. Los hechos investigados se remontan a la época en la que el Partido Popular gobernaba la región y se centran en la adjudicación irregular de contratos y la concesión de licencias urbanísticas a cambio de prebendas y sobornos.
Juez propone juzgar a exconsejero Francisco Granados y 42 personas más en caso Púnica
El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha dictado un auto de pase a procedimiento abreviado en la pieza 8 del caso Púnica, en el que se investigan las irregularidades cometidas durante la gestión del exconsejero madrileño Francisco Granados en la Comunidad de Madrid.
El magistrado considera que los hechos son constitutivos de los delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y falsedad documental.
Irregularidades en la adjudicación de contratos
El juez detalla en su auto la operativa utilizada por los investigados para desviar fondos públicos de la Consejería de Transportes a través de Mintra a favor de la trama. Se entregaba a los funcionarios investigados la potestad de fijar el precio, plazo del contrato, selección de los criterios de valoración y posterior valoración de las ofertas, lo que aseguraba la elección del adjudicatario.
Entre las obras investigadas se encuentran el tramo 1C del Metro Sur, el tramo 1A del Metro Norte y la nueva línea del Metro Ligero a Boadilla.
Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior
El auto explica que la presidenta Esperanza Aguirre destituyó a Francisco Granados del cargo de consejero de Transportes, pero le ofreció presidir la secretaría general del Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
En su nueva organización, Granados asumió nuevas funciones, incluyendo la gestión de la empresa pública Arpegio, que se encargaba de la administración de los Fondos Prisma y la Fundación Arpegio.
Adjudicación de contratos y promociones de suelo
El juez afirma que Francisco Granados se concertó con el constructor David M. para adjudicar parcelas públicas de la promoción Ciudad Jardín de Arroyomolinos.
En este proyecto, la entidad Arpegio iba a llevar a cabo una promoción con más de 3.950 viviendas, de las que una cantidad superior al 50% iban a tener algún grado de protección.
Regalos y agasajos
La resolución apunta que tanto Francisco Granados como su mujer, María N.A., utilizaron fondos públicos a través de Arpegio para agasajar a personas de su círculo íntimo de confianza y a otros conocidos.
Se desviaron de las arcas públicas de Arpegio un total de 100.139,17 euros para obsequios de Navidad que debían haber sido abonados por los investigados.
Además, el instructor detalla los regalos efectuados por David M. a Francisco Granados durante su cargo público, entre 2004 y 2011, incluyendo un piso en Barcelona, billetes a Ibiza, hoteles de lujo, cruceros, cacerías, relojes y un maletín con casi un millón de euros encontrado en el altillo de la casa de sus suegros.
El juez propone juzgar a Francisco Granados y a 42 personas más por los delitos cometidos en la pieza 8 del caso Púnica.
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