Agentes de la ley en problemas: cinco altos oficiales arrestados por narcotráfico en dos años | Actualidad de Madrid

En los últimos dos años, al menos cinco altos oficiales de la Policía Nacional y varios de la Guardia Civil involucrados en la lucha contra el narcotráfico han sido detenidos por presuntos lazos con las organizaciones que decían combatir. Desde lugares tan lejanos como Valladolid, Baleares, Murcia, Galicia, Madrid o Sevilla, las más de 123 toneladas de cocaína confiscadas en España en 2024 son una tentación mal regulada que puede ingresar a cualquier comisaría. El último caso es el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional de Valladolid, Luis Fernández, quien el pasado viernes iba a ser protagonista de una declaración surrealista desde la cárcel. En ese testimonio, debía detallar lo que sabía sobre la Operación Churruca, el mayor golpe contra el narcotráfico en Castilla y León, que él dirigió y de la que supuestamente se benefició, razón por la cual se encuentra en prisión provisional. Al final, la Fiscalía renunció a su testimonio.

Aquel 24 de mayo de 2025 fue un día de fotografías, aplausos y felicitaciones en Las Delicias, la comisaría central de Valladolid. La policía celebraba ante los medios el éxito de una operación sin precedentes en la que se incautó varios vehículos de lujo, armas y cocaína de alta pureza. Doce kilogramos en un primer golpe y 59 más en el definitivo, que fue la cantidad exhibida ese día. En la comisaría, habilitada como sala de prensa, se encontraban el delegado del Gobierno, los tres principales mandos policiales de Castilla y León y, junto a ellos, el jefe de Estupefacientes, Luis Fernández. Sobre la mesa dispuesta para los fotógrafos se encontraba todo lo hallado y una cantidad considerable de bolsas y ladrillos de cocaína con el diseño de una araña, el método utilizado por los narcos sudamericanos para identificar qué cartel realiza el envío y su pureza. Junto a los ladrillos, un rótulo de la Agencia Tributaria decía: “Cocaína, 59 kilos”. Según se supo después, a varios agentes presentes en la sala aquel día les llamó la atención que había más paquetes de los que indicaba el cartel. Sin embargo, en una celebración no se podían hacer muchas objeciones.

Cuando seis meses después, Fernández y su cómplice dominicano fueron arrestados, se encontraron 40 ladrillos de la misma cocaína mostrada meses antes, con la misma etiqueta de la araña que los periodistas habían fotografiado durante la conferencia de prensa. A Fernández le encontraron más de 100.000 euros en efectivo, pero ya estaba bajo la mirada de las autoridades debido a su alto nivel de vida. Asuntos Internos ya seguía sus movimientos; aun así, participó en la Operación Churruca.

Los documentos indicaron que la droga había sido destruida cuatro meses antes en Oviedo. “Yo vi cómo se quemó hasta el último gramo», dijo uno de los agentes que acudió a un centro de incineración en Asturias. Sin embargo, según la investigación, no existe un procedimiento plenamente validado de destrucción en ese caso concreto. La reconstrucción de El Norte de Castilla, de acuerdo con el expediente de Asuntos Internos al que ha tenido acceso, describe una red tan burda como la cadena de custodia que debía supervisar la droga incautada. Durante los meses que pasaron entre la localización de la cocaína y su quema, estuvo en las dependencias policiales, con acceso restringido, pero bajo el control directo del jefe investigado, donde habría sido reemplazada por otros ladrillos con los mismos pesos y dimensiones. Una vez que la cocaína estaba en poder de Fernández, según la investigación, la entregaba a un antiguo confidente dominicano que la movía en la calle y en prostíbulos de Madrid y Valladolid.

La ley exige un riguroso seguimiento de cada kilo incautado, que comienza desde que llega a los agentes. En ese momento, se elabora un atestado y la sustancia queda bajo cadena de custodia, un sistema que registra cada traslado, acceso y manipulación. De la carga se separa una muestra que se envía al laboratorio y se utiliza durante el juicio, mientras que el resto queda almacenado en dependencias policiales. El juez, a petición de la Fiscalía, decide qué parte se conserva como prueba y autoriza la destrucción del resto. Esa autorización no es automática: requiere informes y puede ser impugnada por las partes. Una vez autorizada, la Policía Judicial organiza el traslado —a menudo desde cualquier punto del país— hasta plantas especializadas. Gran parte de esa droga termina en Asturias, en instalaciones cercanas a Oviedo, donde se incinera bajo control y con un acta oficial firmada para certificar su desaparición. Según los datos de la investigación, a la planta de incineración llegaron unos 50 kilos que, junto con los envoltorios, sumaban los 59 kilos oficiales.

El origen de estas investigaciones, revela a este diario un agente que ha dedicado años a vigilar a sus compañeros, “surge bien de chivatazos o bien de la investigación de otras operaciones de mayor escala”. Este es el caso de Baleares, donde Faustino Nogales, jefe antidrogas de las islas, fue arrestado en verano cuando la policía intentaba desmantelar una organización motera dedicada a la distribución de droga y liderada por el serbio Stefan Milojevic.

Durante años, la imagen de Nogales como jefe del Grupo II de Estupefacientes fue la de un inspector eficaz muy activo en su intento por detener a Milojevic. Pero siempre había un fallo: las operaciones se frustraban en el último momento o el objetivo desaparecía antes de ser arrestado, según fuentes del sumario citadas por EL PAÍS.

Un año antes había sido trasladado, pero Asuntos Internos descubrió que Nogales, jefe antinarcóticos durante muchos años en Ibiza y Mallorca —dos de los puntos críticos del narcotráfico europeo—, estaba detrás de los boicots gracias a su conocimiento del Mediterráneo, de las rutas menos vigiladas, los puntos de fácil acceso o los horarios de vigilancia. “Investigar a un policía es aún más complicado. Se conocen todos los trucos”, añade el agente. En el caso de Valladolid, cuando Asuntos Internos detectó que Fernández siempre evitaba hablar en el coche, los agentes colocaron micrófonos en la calle para captar sus conversaciones.

“Existen mecanismos internos que funcionan y demuestran el compromiso con la legalidad de la Policía Nacional; al mismo tiempo refuerzan su credibilidad ante la ciudadanía”, señala por teléfono Nicanor Sen, delegado del Gobierno en Castilla y León. Sen ha insistido en las últimas semanas sobre la buena señal que envía el cuerpo, ya que las denuncias no provienen de acusaciones externas, sino de investigaciones internas de la policía. “La cadena de custodia se quiebra cuando falla un eslabón, pero trabajaremos para mejorar la trazabilidad [de la droga]”, añade.

Otros dos mandos detenidos, ambos conectados, fueron arrestados en marzo de 2024 en Galicia y en Murcia. En la primera comunidad, la Unidad de Asuntos Internos detectó que desde Colombia, el inspector jefe de la Policía Nacional Carlos C. L., destinado en la Embajada de España en Bogotá, manejaba información sobre la salida de cargamentos de cocaína, fechas y rutas. Mientras que en Murcia, el máximo responsable de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco), José G., se encargaba de facilitar la llegada de información, retrasando operativos o desviando la atención hacia objetivos menores.