Airbnb impugna su cuantiosa multa en medio de la controversia sobre los pisos turísticos en Madrid.

La empresa Airbnb ha decidido presentar un recurso de reposición contra la multa de 64 millones de euros impuesta por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en diciembre de 2025.

Dicha sanción se origina por infracciones relacionadas con la publicación de anuncios turísticos. El recurso se interpone tras la negativa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) a la solicitud de medidas cautelares que la empresa había presentado para frenar la sanción.

La plataforma ‘online’ ha declarado en un comunicado que considera esta multa como «contraria al marco legal español y europeo». Además, enfatiza que la decisión del tribunal es «puramente procedimental» y no aborda el fondo del asunto, el cual «continúa su curso».

Según Airbnb, la empresa ha cumplido «en todo momento» con la normativa vigente en España. También ha afirmado que desde la implementación de la nueva regulación sobre alquileres de corta duración, ha colaborado con las autoridades competentes para su correcta aplicación.

Consumo detectó «prácticas comerciales desleales» hacia consumidores y usuarios al eliminar de su plataforma, en julio de 2025, un total de 65.122 anuncios de alojamientos turísticos que carecían de licencia.

Se constató que Airbnb estaba publicando anuncios de alojamientos turísticos que incluían un número de licencia o registro que no coincidía con la numeración oficial, además de difundir anuncios sin proporcionar información veraz sobre la situación legal de los anfitriones, lo que constituyó una práctica de publicidad engañosa.

Por estas razones, la plataforma recibió una sanción de 63,98 millones de euros por parte de Consumo, clasificada como infracción grave. Airbnb ha impugnado esta decisión ante los tribunales, lo que ha llevado a la suspensión temporal de la obligación de pagar la multa.

El auto del TSJM ha rechazado la solicitud de medidas cautelares presentada por la plataforma de alojamientos turísticos, que pedía la suspensión del pago de la multa hasta que se emitiera una sentencia.

«Ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores»

El programa La hora de La 1 ha sido el escenario donde Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, ha reaccionado a la decisión del tribunal este lunes, enfatizando que «ninguna empresa está por encima de la ley ni de los consumidores».

Asimismo, ha indicado que el principio de que «ninguna empresa, por poderosa que sea, está por encima de la ley ni de los derechos de los consumidores» queda respaldado por esta resolución judicial.

Desde su perspectiva, la gravedad de la sanción impuesta a Airbnb representa un cambio significativo en comparación con la «inacción» que, a su juicio, caracterizaba a la derecha en administraciones como la de Madrid durante el gobierno de José Luis Martínez-Almeida.

Este último ha sido criticado por Bustinduy por «jactarse de no hacer nada» ante los 15.000 apartamentos turísticos ilegales que existen en la capital.