Álvaro García Ortiz: El fiscal general ante el juez declara: “¿Filtró usted el correo?”; “Definitivamente no” | España

A pocas semanas de que el fiscal general del Estado se enfrente a un juicio por un delito de revelación de secretos, el Tribunal Supremo ha autorizado a la defensa y las acusaciones el acceso a los vídeos de todas las declaraciones realizadas durante la instrucción ante el juez Ángel Hurtado, incluido el interrogatorio a Álvaro García Ortiz. Es la primera vez que se publica una imagen sorprendente: el fiscal general declarando como investigado. Vestido con una corbata azul decorada con dibujos de balanzas de la justicia y sentado en el estrado junto a su defensa, en lugar de en el sitio habitual reservado para los investigados, el líder del ministerio público negó haber filtrado o haber dado la orden de filtrar el correo electrónico que está en el centro de la investigación, en el que el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y sugería un acuerdo para evitar la prisión.

—¿Facilitó, divulgó o reveló la denuncia, el expediente tributario o cualquiera de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador, directa o indirectamente, a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación? —interrogó el abogado del Estado ante el juez Ángel Hurtado.

—Rotundamente no —respondió García Ortiz.

El fiscal general también negó con firmeza haber enviado ese correo “a cualquier persona relacionada con la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España” o haber dado “alguna instrucción” para que se divulgara la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador o cualquiera de los correos intercambiados entre su abogado y la Fiscalía. “No, rotundamente no”, insistió el fiscal general.

Al comienzo de su declaración, García Ortiz afirmó que solo respondería a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía porque consideraba que la investigación había violado su derecho a una defensa adecuada y debería ser declarada nula. “La entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado es una medida de investigación que invade derechos fundamentales y ha sido recurrida ante este tribunal invocando una nulidad [y] no ha sido, no ha sido resuelto ese recurso”, comentó García Ortiz, quien también mencionó algunas diligencias ordenadas por el juez a las que su defensa aún no había tenido acceso, así como otras que su abogado había solicitado y que el juez había denegado. García Ortiz presentó una razón adicional para negarse a responder a las preguntas del juez:

“También quiero mencionar por qué no voy a contestar a algunas de las acusaciones, especialmente la acusación particular, que es quien tiene legitimidad para estar en este proceso. Creo que la querella […] omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción”, dijo el jefe del ministerio público sobre la denuncia por revelación de secretos presentada por la pareja de Ayuso contra la Fiscalía. Y agregó: “Creo que el querellante, bueno, no ha sido leal con los tribunales, ya que ha omitido hechos que son fundamentales”. García Ortiz se refería a que la querella de González Amador había omitido varios datos significativos, como el hecho de que su abogado había reenviado a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, un correo enviado por el fiscal del caso; o que el mismo González Amador había hablado con un periodista de El Mundo tras la difusión de la denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública que había presentado la Fiscalía en su contra.

Durante su declaración, García ofreció un relato detallado de lo sucedido desde el 7 de marzo de 2024, cuando se enteró del interés de los medios por la denuncia presentada contra la pareja de Díaz Ayuso, hasta el 14 de marzo, día en el que la Fiscalía emitió un comunicado explicando que no había sido el ministerio público quien había propuesto un pacto, como estaba difundiendo el entorno de la presidenta madrileña, sino que era el letrado quien había contactado al fiscal del caso para buscar el acuerdo.

—Le quiero preguntar sobre el criterio que utilizó para decidir qué datos incluir en la nota de prensa y cuáles no. En la nota de prensa, ¿recuerda qué criterio adoptó? —preguntó el abogado del Estado.

—Sí, perfectamente. Al elaborar ese tipo de información, se refiere a reflejar, como digo, el comportamiento profesional de la Fiscalía, los avances procesales que han ocurrido, pero había una circunstancia diferente. En este caso, un correo de un fiscal había sido compartido con la prensa por un abogado o el entorno de un abogado, algo que desde la perspectiva del fiscal general resulta alarmante. Un correo de un fiscal se ha revelado con entrecomillados y de ese correo se han extraído consecuencias que no son ciertas. Se está extrayendo una mentira —afirmó García Ortiz.

El abogado también preguntó al fiscal general acerca de una afirmación realizada días antes durante su declaración como testigo por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien se había enfrentado a García Ortiz cuando testificó. Según Lastra, en una conversación mantenida con el fiscal general a primera hora del 14 de marzo, horas después de que se difundiera el correo cuya filtración se investiga, ella le preguntó a García Ortiz: “Álvaro, ¿has filtrado los correos?” y el jefe del ministerio público, según la versión de Lastra, respondió: “Eso ahora no importa, lo importante es sacar la nota”.

—¿Reconoció haber filtrado los correos a la señora Lastra en la mañana del 14 de marzo? —preguntó el abogado al fiscal general.

—En absoluto, en absoluto.

—¿Es más, puede explicarme por qué hay esa contradicción entre lo que declaró la señora Lastra y lo que acaba de decir ahora? —inquirió el abogado.

—En primer lugar, dudo mucho que un fiscal de este país se dirija al fiscal general de esa manera. Me cuesta creer que eso haya podido imaginarse. Y, en segundo lugar, he pensado mucho al respecto, porque se mencionaban cosas así y también algunas en relación a que la fiscal superior de Madrid era reticente con el contenido de la nota. No, nunca fue reticente con el contenido. Ella se mostró reticente porque todo ya había sido publicado y expresó en sus propias palabras que hacíamos el ridículo si proporcionábamos información que ya había sido revelada. Esa fue su expresión. Realmente, en las conversaciones que mantuve con ella […] estaba claramente reticente a la publicación desde las 7 de la mañana. La nota, en mi opinión, debería haber sido distribuida. Eran aproximadamente las 9 de la mañana y la nota no había salido.

El fiscal general se detuvo en su respuesta para explicar que tuvo dos conversaciones con Lastra la mañana del 14 de marzo: “Una en la que me presenta algunas excusas. Me dice que las fechas no son correctas […]. Verifico que las fechas están bien y la vuelvo a llamar. No contesta, no contesta, tengo que enviarle un WhatsApp para decirle que es imperativo que la nota salga. Y, posteriormente, tengo otra conversación con ella en la que sigue mostrándose reticente, pero, sin más. […] Yo no doy una orden más allá de lo que cualquiera pueda interpretar, si es orden o no, el término ‘imperativo’».

García Ortiz también quiso hacer una “reflexión” ante el juez sobre el papel de la fiscal superior en este caso:

—Creo, y toda la curia fiscal y judicial lo sabe, que hay un desafecto de la señora Lastra hacia quienes dirigen la fiscalía española en este momento […] Estoy absolutamente seguro de que ningún fiscal de este país ha realizado una filtración, que ningún fiscal hizo una filtración esa noche, y estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado ningún documento, absolutamente seguro. Pero veo que la inferencia que se hace en el auto […] sugiere que hay una coincidencia cronológica entre la publicación en algunos medios de comunicación y la obtención de esos correos, en esa situación la señora Lastra está exactamente igual que el fiscal general del Estado. Posee los correos y los medios de comunicación están trabajando […] Y humanamente puedo entender que la señora Lastra quiera apartarse de ese foco. Puedo entenderlo y, repito, estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado absolutamente nada. Quiero dejarlo claro, pero puedo entender humanamente por qué desearía separarse de esa implicación, es la única explicación que encuentro.

En otro momento de su declaración, García Ortiz criticó al juez por su decisión de clonar su teléfono móvil. “Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general contienen una cantidad de datos absolutamente inimaginables”, advirtió García Ortiz, quien confirmó que cambió de teléfono móvil el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo lo imputara por revelación de secretos, pero desvinculó el cambio de la investigación abierta en su contra y justificó que ha renovado su terminal seis veces desde que asumió el cargo porque almacena información “ultrasensible”.

—¿Qué datos contiene el terminal del señor fiscal general del Estado? —preguntó el abogado.

—Bueno, sería infinito relatar […] los dispositivos y el propio despacho del fiscal general almacenan una cantidad de datos e informaciones absolutamente inimaginables. Datos e informaciones que pertenecen a todos los fiscales. […] Mi teléfono móvil contiene información que, por supuesto, puede afectar la seguridad de este país, claro que puede afectar. Y creo que hay muy pocas autoridades en España que pueden tener en su teléfono móvil tanta y tan variada información como el fiscal general del Estado —aseguró García Ortiz.

El fiscal general defendió su decisión de borrar el contenido de su teléfono: “Borro todo, pero no solo porque ejerzo mi derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una obligación legal, debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea”, señaló, y negó haberlo hecho para eliminar pruebas de la presunta filtración.

El jefe del ministerio público también cuestionó el registro de su despacho ordenado por el juez: “Es absolutamente impensable, impensable para un fiscal general, impensable para la fiscalía española. No hay precedentes en todo el derecho europeo de que se entre en el despacho de un fiscal general y se le incauten dispositivos. Es inimaginable”, advirtió García Ortiz.