Álvaro García Ortiz: El fiscal general se dirige al juez: “¿Usted filtró el correo?”; “De ninguna manera” | España

A solo unas semanas de que el fiscal general del Estado se enfrente a las acusaciones por un delito de revelación de secretos, el Tribunal Supremo ha permitido que tanto la defensa como las acusaciones accedan a los vídeos de todas las declaraciones dadas durante la instrucción ante el juez Ángel Hurtado, incluyendo el interrogatorio a Álvaro García Ortiz. Esta es la primera vez que se ve una situación inusual: el fiscal general testificando como investigado. Con una corbata azul con dibujos de balanzas de justicia y sentado en el estrado junto a su defensa, en lugar de en el sitio habitual para los investigados, el jefe del ministerio público negó haber filtrado o solicitado que se filtrara el correo electrónico que es el foco de la investigación, donde el abogado del empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un pacto para evitar la cárcel.

—¿Facilitó, divulgó, reveló la denuncia, el expediente tributario o alguno de los correos objeto de esta causa que afectan al señor Alberto González Amador directa o indirectamente a cualquier medio de comunicación o profesional de la comunicación? —interrogó el abogado del Estado al juez Ángel Hurtado.

—Rotundamente no —respondió García Ortiz.

El fiscal general reiteró con la misma firmeza que no había enviado ese correo “a ninguna persona vinculada a la Presidencia del Gobierno o al Gobierno de España” ni había dado “alguna instrucción” para que se divulgara la denuncia presentada por la Fiscalía contra González Amador o cualquiera de los correos intercambiados entre su abogado y la Fiscalía. “No, rotundamente no”, enfatizó el fiscal general.

Al inicio de su declaración, García Ortiz indicó que solo iba a responder a las preguntas de su abogado y de la Fiscalía porque consideraba que la instrucción había violado su derecho a la defensa y debería ser anulada. “La entrada y registro del despacho del fiscal general del Estado es una diligencia de investigación invasiva de derechos fundamentales y ha sido recurrida ante este tribunal invocando nulidad [y] ese recurso aún no ha sido resuelto”, explicó García Ortiz, mencionando también algunas diligencias ordenadas por el instructor a las que su abogado aún no había tenido acceso o a otras, solicitadas por su defensa, que el juez había denegado. García Ortiz presentó una razón más para no responder a las preguntas del juez:

“También quiero hacer una mención a por qué no voy a contestar a algunas de las acusaciones, en especial la acusación particular, que es quien tiene legitimación para estar en este proceso. Creo que la querella […] omite datos fundamentales que sí han salido en la instrucción”, afirmó el jefe del ministerio público sobre la denuncia por revelación de secretos presentada por la pareja de Ayuso contra la Fiscalía. Y añadió: “Creo que el querellante, bueno, no ha sido leal con los tribunales, puesto que ha omitido hechos que son fundamentales”. García Ortiz se refería a que la querella de González Amador dejó fuera varios datos relevantes, como el hecho de que su abogado había reenviado a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, un correo que recibió del fiscal del caso; o que el propio González Amador habló con un periodista de El Mundo después de que se divulgara la denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública que le había presentado la Fiscalía.

Durante su declaración, García dio un relato detallado de lo acontecido desde el 7 de marzo de 2024, cuando supo del interés de los medios por la denuncia presentada contra la pareja de Díaz Ayuso, hasta el 14 de marzo, día en que la Fiscalía publicó una nota de prensa explicando que no fue el ministerio público quien propuso un pacto, como estaba difundiendo el entorno de la presidenta madrileña, sino que fue el letrado quien contactó al fiscal del caso para buscar el acuerdo.

—Quiero preguntarle sobre el criterio que utilizó para decidir qué datos incluir en la nota de prensa y cuáles no deberían ser incluidos. En la nota de prensa, ¿recuerda qué criterio adoptó? —preguntó el abogado del Estado.

—Sí, perfectamente. Al elaborar esa información, se trata de reflejar, como digo, el comportamiento profesional de la Fiscalía, los hitos procesales que se han desarrollado, pero había una circunstancia diferente. En este caso se había transmitido un correo de un fiscal, lo cual desde la perspectiva del fiscal general era bastante alarmante. Un correo de un fiscal había sido revelado a la prensa por un abogado o por el entorno de un abogado. Me parece una circunstancia, bueno, al menos relevante, inusual desde mi perspectiva, y ese correo del fiscal se reveló entrecomillado y de ese correo se han sacado conclusiones que no son ciertas. Se está extrayendo una mentira —afirmó García Ortiz.

El abogado también preguntó al fiscal general sobre una afirmación hecha algunos días antes por la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, quien se enfrentó a García Ortiz cuando compareció como testigo. Según Lastra, en una conversación mantenida con el fiscal general a primera hora del 14 de marzo, horas después de que se divulgara el correo cuya filtración se investiga, ella le preguntó a García Ortiz: “Álvaro, ¿has filtrado los correos?” y el jefe del ministerio público, según la versión de Lastra, respondió: “Eso ahora no importa, lo importante es sacar la nota”.

—¿Reconoció haber filtrado los correos a la señora Lastra en la mañana del 14 de marzo? —preguntó el abogado al fiscal general.

—En absoluto, en absoluto.

—Es más, ¿puede explicarme por qué existe esa contradicción entre lo que declaró la señora Lastra y lo que acaba de comunicarme ahora? —inquirió el abogado.

—En primer lugar, dudo mucho que un fiscal de este país se dirija al fiscal general en esos términos. Me cuesta mucho pensar que eso pueda haber ocurrido. Y, en segundo lugar, realmente he pensado mucho en esto, he reflexionado, porque se mencionaron estas cosas y también alguna referencia a que la fiscal superior de Madrid era reticente con el contenido de la nota. No, nunca fue reticente con el contenido. Lo fue con que todo estaba revelado y dijo en sus propias palabras que hacíamos el ridículo si dábamos información que ya había sido publicada. Esa fue su expresión. Realmente, lo que veía en las conversaciones que tenía con ella […] es que se mostraba reticente a la publicación desde las 7 de la mañana. La nota, en mi opinión, debería haberse hecho circular. Eran aproximadamente las 9 y la nota no estaba lista para salir.

El fiscal general se detuvo en su respuesta para explicar que tuvo dos conversaciones con Lastra la mañana del 14 de marzo: “Una en la que me da algunas excusas. Me dice que las fechas no están bien […]. Compruebo que las fechas son correctas y vuelvo a llamarla. No atiende mis llamadas, tengo que mandarle un mensaje por WhatsApp diciéndole que es imperativo que la nota salga. Y, posteriormente, tengo otra conversación con ella en la que sigue mostrándose reticente, pero, sin más. […] No doy una orden más que en los términos que cualquiera pueda interpretar, si es orden o no, el término ‘imperativo’”.

García Ortiz quiso también hacer ante el juez “una reflexión” sobre el papel de la fiscal superior en este caso:

—Creo, y lo sabe toda la curia fiscal y judicial, que hay un desprecio por parte de la señora Lastra hacia quienes dirigimos la fiscalía española en este momento […] Estoy absolutamente seguro de que ningún fiscal de este país ha hecho una filtración, que ningún fiscal filtró nada esa noche, y estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado ningún documento, absolutamente seguro. Pero lo que veo es que la inferencia que se hace en el auto […] es que hay una coincidencia cronológica entre la publicación en ciertos medios de comunicación y la posesión de esos correos; en esta situación la señora Lastra está exactamente igual que el fiscal general del Estado. Ella también tiene los correos y los medios de comunicación están trabajando […] y humanamente puedo entender que la señora Lastra quiera distanciarse de ese foco. Lo puedo entender y, repito, estoy seguro de que la señora Lastra no ha filtrado absolutamente nada. Quiero dejarlo muy claro, pero puedo entender que humanamente ella quiera alejarse de esa inferencia de imputación, es la única explicación que encuentro.

En otro momento de su declaración, García Ortiz criticó al juez por su decisión de clonar su teléfono móvil. “Los dispositivos y el propio despacho del fiscal general contienen una cantidad de datos absolutamente inimaginables”, advirtió García Ortiz, quien confirmó que cambió de teléfono móvil el 23 de octubre, una semana después de que el Supremo lo acusara por revelación de secretos, pero desvinculó ese cambio de la investigación abierta en su contra y justificó que ha renovado su terminal seis veces desde que asumió el cargo, ya que almacena información “ultrasensible”.

—¿Qué datos tiene el terminal del señor fiscal general del Estado? —preguntó el abogado.

—Bueno, sería infinito contar […]. Los dispositivos y el despacho del fiscal general almacenan una cantidad de datos y de informaciones absolutamente inimaginables. Datos e informaciones que corresponden a todos los fiscales. […] Mi teléfono móvil guarda información que, por supuesto, puede afectar a la seguridad de este país, absolutamente. Y creo que hay muy pocas autoridades en España que puedan albergar en su teléfono móvil tal cantidad de información como tiene el fiscal general del Estado —aseguró García Ortiz.

El fiscal general defendió su decisión de borrar el contenido de su teléfono: “Borro todo, pero no solo porque ejerzo mi libre derecho a manejar mi terminal como quiera. Borro todo porque es una imposición legal, debemos borrar los datos de nuestros terminales, y no lo digo yo, lo dice el reglamento de protección de datos de la Unión Europea”, afirmó, rechazando haberlo hecho para eliminar pruebas de la supuesta filtración.

El jefe del ministerio público también cuestionó el registro de su despacho ordenado por el juez: “Es absolutamente impensable, impensable para un fiscal general, impensable para la fiscalía española. No hay precedentes en todo el derecho europeo donde se entre en el despacho del fiscal general y se incauten dispositivos. Es inimaginable”, advirtió García Ortiz.