Ayuso cambiará la legislación para presentarse como acusación en boicots a eventos como La Vuelta.

Isabel Díaz Ayuso está desarrollando una nueva herramienta para enfrentar el boicot contra grandes eventos, en respuesta a lo sucedido en La Vuelta a España en septiembre pasado. Este miércoles, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid recibió un anteproyecto de ley para ejercer la acción popular en casos de delitos que obstruyan la realización de eventos públicos o que atenten contra el patrimonio natural y el patrimonio histórico-artístico.

La iniciativa, que aún se encuentra en una fase preliminar, tiene un contexto político relevante. El Gobierno autonómico busca proteger el creciente atractivo de Madrid para la celebración de este tipo de eventos y considera que el Ejecutivo central y la izquierda están empeñados en poner obstáculos por su «obsesión» contra la región.

Desde Sol, señalan especialmente a los eventos deportivos, tras los incidentes ocurridos en La Vuelta ciclista, donde Pedro Sánchez llamó a un boicot debido a la causa palestina, además del partido de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi de Tel Aviv de la semana pasada, que se realizó a puerta cerrada por no garantizar la seguridad. En los supuestos para actuar como acusación también se incluyen posibles manifestaciones incívicas contra la tauromaquia y ataques a Las Ventas, que está declarada BIC.

La Comunidad de Madrid ya está trabajando en varios cambios normativos. Por un lado, se modificará la Ley 17/1997, de 4 de julio, de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, que, según indican fuentes regionales, será adaptada para «permitir la personación en los procedimientos penales relacionados con delitos de desorden público que hayan impedido o dificultado la celebración de eventos y acontecimientos de interés general«.

En segundo lugar, se abordará la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, para «habilitar el ejercicio de la acción popular en los procesos penales derivados de delitos de incendio y de atentados contra los recursos naturales y el medio ambiente que, por su grave impacto territorial, revistan una gravedad significativa».

La tercera norma a modificar será la Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, con el fin de incluir los delitos sobre bienes de valor histórico, artístico, científico o monumental. «Aunque el Gobierno regional se persone para el ejercicio de la acción popular, el texto del anteproyecto establece que no impide que la Comunidad de Madrid pueda intervenir también en los procesos penales cuando resulte directamente perjudicada (acusación particular), o para reclamar el importe de los daños ocasionados por el delito (acción civil), o que pueda ejercer cualquier otra acción que considere oportuna», concluyen.

Isabel Díaz Ayuso está desarrollando una nueva herramienta para enfrentar el boicot contra grandes eventos, en respuesta a lo sucedido en La Vuelta a España en septiembre pasado. Este miércoles, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid recibió un anteproyecto de ley para ejercer la acción popular en casos de delitos que obstruyan la realización de eventos públicos o que atenten contra el patrimonio natural y el patrimonio histórico-artístico.