Ayuso demandará ante los tribunales el plan de Sánchez sobre inmigrantes y lengua, al considerarlo «xenófobo».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comunicado este viernes su intención de llevar a los tribunales el plan «xenófobo e ilegal» que se atribuye a Pedro Sánchez respecto a que el idioma sea un requisito para la regularización de inmigrantes.
Ayuso … ha respondido de esta manera a través de las redes sociales tras la presentación de una enmienda por parte de la Generalitat de Cataluña al proyecto de real decreto de regularización extraordinaria, en la que se plantea que el conocimiento del catalán se considere en la primera renovación de la residencia de los migrantes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha enfatizado que «la intención de Sánchez en Cataluña de que el idioma sea un requisito para acoger o no a inmigrantes es ilegal». «Una vez más, los socialistas pretenden eludir la ley para destruir España por completo», ha advertido.
Ante esa «intención de Sánchez en Cataluña», Ayuso ha señalado que la Comunidad de Madrid «tomará las medidas necesarias a través de los tribunales contra Sánchez para impedir esta ocurrencia ilegal que, además, es xenófoba».
Tanto el Partido Popular como Vox expresaron el jueves, en el Pleno de la Asamblea de Madrid, su contundente rechazo a la regularización masiva de 500.000 inmigrantes ilegales promovida por el Consejo de Ministros. No obstante, estos dos partidos no coincidieron en otros aspectos relacionados con la inmigración, como la «prioridad nacional» que reclama Vox para el acceso a ayudas y subvenciones, así como para la prestación de servicios públicos.
En declaraciones a los medios, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha subrayado que la regularización es «una auténtica barbaridad» que generará «un efecto llamada».
El consejero y portavoz del Gobierno autonómico enmarca esta petición de la Generalitat de Cataluña como un intento de evitar «un efecto llamada» en su región, que provoque el desplazamiento de inmigrantes a otras partes del país. «Esto contraviene el pacto europeo de inmigración y asilo, va en contra de nuestros socios y socava la manera en que debemos trabajar para actuar contra las mafias, atendiendo a los países de origen y, sobre todo, siendo leales a nuestros socios de la Unión Europea», ha advertido.



