Ayuso entrega terrenos públicos por un periodo de hasta 70 años, facilitando así oportunidades de negocio multimillonarias para compañías privadas.

Desde 2019, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha estado entregando un gran número de parcelas públicas para su explotación, con una duración de entre 40 y 70 años, a operadores privados que obtendrán beneficios significativos, según ha publicado El País tras examinar la documentación del portal de contratación de la región. La mayoría de estos suelos son de origen municipal y se han cedido sin coste alguno para la construcción de colegios privados concertados, residencias y centros de día, así como miles de viviendas destinadas a alquiler supuestamente asequible (bajo el Plan Vive, que ya ha causado varios problemas). Así, los inversores podrán combinar la oferta de plazas públicas con ingresos provenientes de plazas privadas, alquileres y servicios complementarios. Un modus operandi que la oposición critica como beneficioso para las cuentas actuales de la región, pero perjudicial para el futuro, mientras que desde el Ejecutivo lo defienden por «razones de eficiencia».

Un portavoz madrileño argumenta que «es una fórmula de colaboración público-privada que permite un despliegue más ágil de las infraestructuras necesarias, guiado por criterios de eficacia y eficiencia«, refiriéndose a un plan que impacta, con diferentes matices, a cerca de cien parcelas: cinco destinadas a colegios concertados (dos todavía en fase preliminar); 40 previstas para residencias y centros de día; y 72 incluidas en el Plan Vive, de las cuales 19 aún están pendiente de adjudicación formal, según el portal oficial.

En municipios como Madrid, Móstoles, Alcobendas, Tres Cantos, Torrejón de Velasco o Torrejón de la Calzada, la política de cesión gratuita de suelo público se ha consolidado bajo el liderazgo del Ejecutivo de Ayuso y ha recibido un impulso adicional por el fuerte dominio municipal logrado por el PP en las elecciones de 2023. Ante la oposición del PSOE, que critica que los ayuntamientos gobernados por los socialistas participen en estos programas, la presidenta ha decidido revivir una estrategia promovida con fuerza durante la era de Esperanza Aguirre (2003-2012), que fue desacelerada por el Gobierno de Cristina Cifuentes (2015-2018) en el ámbito de los colegios concertados. «El suelo público debe usarse para fortalecer los servicios públicos y garantizar derechos, no para favorecer los intereses de un rentista, la Iglesia o una empresa”, sostiene María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea. «Decisiones como esta consolidan un modelo que desvían recursos hacia lo privado en lugar de fortalecer lo público. La cesión de parcelas debería ir acompañada de cláusulas estrictas que prohíban comercializar con el derecho a la educación, la vivienda y los cuidados«, lamenta también.

«Suelo público para intereses privados»

Este lunes, al conocerse la apertura de un concurso para la cesión de una parcela municipal destinada a una residencia, Ana Lima, concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, criticó con firmeza la medida: «Volvemos a encontrar una fórmula que ya conocemos bien, la cesión de suelo público para que intereses privados se beneficien. Lo hemos visto en vivienda y ahora también en el sector residencial. No estamos ante una simple decisión de gestión, sino ante un regalo con efectos a largo plazo: lo que se presenta como eficiencia implica un cambio de modelo: menos gestión directa y mayor dependencia de operadores privados en un sector tan sensible como el de los cuidados. La prioridad debe ser el interés general, la calidad y la universalidad, no la rentabilidad«.

Javier Guardiola, socialista y crítico habitual del Gobierno regional, expresó en términos similares: «Durante años se ha estado otorgando el suelo público a gestiones privadas, y vemos que en barrios o municipios hay una escasez absoluta de servicios públicos. El suelo público es un recurso finito. La Comunidad de Madrid sufre una falta de servicios públicos. Debemos utilizar ese suelo para generarlos», manifestó.

Las principales beneficiarias serán, evidentemente, las empresas adjudicatarias, que tendrán en sus manos un negocio sumamente lucrativo. En el caso de los colegios concertados, tradicionalmente han podido hipotecar el propio suelo público para financiar las obras comprometidas, y a cambio de garantizar plazas concertadas en enseñanzas obligatorias, pueden ofrecer otras de pago completo en etapas como Infantil o Bachillerato, donde la Administración ha proporcionado becas para los alumnos captados en la fase financiada con fondos públicos.

En cuanto a las 40 residencias y centros de día que la Comunidad acaba de comenzar a licitar, se espera que se inauguren durante el verano de 2028; los concesionarios podrán obtener ingresos adicionales por servicios como aparcamiento, cafetería y numerosas plazas de carácter privado. Una vez que se implemente el sistema completo, la Comunidad reservará 2.400 plazas públicas y las empresas podrán comercializar 1.755 en el mercado libre, según datos oficiales.

Por último, las parcelas destinadas al Plan Vive representarán el negocio más rentable de todos, ya que se estima que el beneficio para los adjudicatarios alcance cifras de cientos de millones de euros netos por promoción, conforme a la documentación de los concursos analizada por el mencionado diario.