Ayuso no atendió la solicitud para intensificar la investigación de un caso de acoso sexual «grave» en Móstoles | Infos sobre Madrid

La Comunidad de Madrid ha señalado al Gobierno central por haber dejado en el olvido un caso grave de acoso sexual ocurrido en el Ayuntamiento de Móstoles. Sin embargo, según información a la que ha tenido acceso EL PAÍS, dicho expediente sigue sin avances. La Administración de Isabel Díaz Ayuso informó al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública sobre el acoso que un funcionario del Estado estaba realizando hacia otra trabajadora, aportando las declaraciones de cinco testigos. Esta alerta se formalizó el 26 de noviembre de 2024. A los 23 días, el 19 de diciembre, el Ministerio respondió solicitando que se ampliara la investigación y que se escuchara al acusado para asegurar su derecho de defensa. Desde entonces, el caso ha quedado estancado.

El requerimiento del ministerio no se perdió en el camino; llegó a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Ayuso y allí se registró, según datos de GEISER, una aplicación que certifica el envío de documentos entre administraciones. El oficio decía lo siguiente: “Este departamento ministerial carece de suficientes elementos de juicio que justifiquen la incoación de expediente disciplinario contra el funcionario denunciado, por lo que al objeto de que las diligencias practicadas por el Ayuntamiento de Móstoles en el trámite de información reservada sean completadas, se procede a la devolución de la denuncia a ese Centro directivo a los efectos oportunos”.

El Ministerio argumentaba que era necesaria “más información” para no vulnerar el principio de contradicción, que garantiza a las partes implicadas en un proceso el derecho a ser escuchadas. Se había tomado declaración, de acuerdo a fuentes oficiales, “a la denunciante y a cinco testigos nominados por ella, compañeros de trabajo, aunque no se previó la declaración del denunciado”. La investigación se construyó sin el testimonio del presunto acosador porque el instructor consideró que llamarlo a declarar “podría parecer una especie de expediente disciplinario anticipado, y una condena social prematura para el denunciado”, mencionan textualmente.

Este documento fue remitido a la Consejería de Ayuso a finales de 2024. Según la respuesta oficial del Ayuntamiento de Móstoles a EL PAÍS, el expediente permanece allí. “No tengo constancia de que el Ayuntamiento haya recibido comunicación alguna por parte del ministerio”, asegura una portavoz desde Móstoles. Así, la investigación no ha podido proseguir. Este asunto de acoso fue revelado el lunes por el periódico La Razón, que lo tituló: “Una denuncia de acoso sexual en Móstoles, en el cajón de Óscar López”. López es el titular del ministerio al que llegó la denuncia y también secretario general del PSOE en Madrid, por lo que probablemente será el candidato que desafíe a Isabel Díaz Ayuso en las elecciones autonómicas de 2027. Esta controversia refleja una clara confrontación política.

El equipo de Ayuso sostiene que la Comunidad de Madrid no tiene “ningún papel en este asunto”, lo cual es cierto, pues la investigación no está bajo su control. “El Ministerio se lo devuelve al Ayuntamiento y se comunica a la CM. El funcionario es nacional y la instrucción debe llevarla a cabo el letrado del Ayuntamiento correspondiente. No teníamos que responder nada en este asunto. Simplemente se nos comunica”, argumentan desde Sol. “¿El Ministerio lo mandó al Ayuntamiento? Eso es lo importante”, insisten. Desde el Ministerio, afirman que siguieron “el cauce preceptivo”, es decir, comunicándose de nuevo con el Gobierno madrileño para que ellos se encargaran de transmitirlo a Móstoles.

La información de La Razón es correcta en términos generales; el caso efectivamente existió, pero omite que el Ministerio sí respondió. El periódico permitió que desde el Ayuntamiento de Móstoles, gobernado por el PP, se acusara a López de guardar silencio “desprotegiendo a la víctima y blindando al supuesto agresor”. El portavoz de la Comunidad de Madrid y uno de los más cercanos a Ayuso, Miguel Ángel Martín, criticó la “doble vara de medir” del PSOE, ya que, por un lado, supuestamente descuidaba este caso y, al mismo tiempo, intentaba “enfangar” la reputación del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista.

Martín se refiere a un primer caso de acoso revelado por este periódico. Una concejala del PP denunció a Bautista por acoso sexual y laboral en los canales internos del partido, pero sus máximas autoridades, Alfonso Serrano, secretario general, y Ana Millán, tercera en la jerarquía, le aconsejaron que no acudiera a la justicia. Todo esto sucedió a pesar de que en una reunión con la víctima se escucha a Millán afirmar que se trata de un caso de acoso “de manual”. La denuncia llegó a Génova, la sede nacional del partido, donde fue archivada.

Al hacerse público este escándalo, los socialistas criticaron duramente a los líderes del PP y acusaron al Gobierno de Ayuso de alargar el proceso hasta hacerlo desaparecer. Ahora, el entorno de la presidenta ha utilizado este asunto para señalar a la administración dirigida por Óscar López por haber actuado de forma similar. Sin embargo, esto no es del todo correcto, según el intercambio de mensajes entre las diferentes administraciones. La investigación no avanzó porque la Comunidad de Madrid no llevó a cabo más acciones tras la solicitud.

El caso comenzó a formalizarse el 14 de octubre de 2024, cuando el Ayuntamiento de Móstoles recibió la denuncia contra el funcionario. En ella, la mujer detalla episodios de ansiedad que le han llevado a requerir tratamiento psicológico y medicación. El individuo que la acosaba siempre intentaba quedarse a solas con ella, la observaba constantemente e indagaba en su vida personal. El área de recursos humanos, en 24 horas, activó el protocolo de actuación frente al acoso sexual en el ámbito de la administración pública. El testimonio de la víctima fue respaldado por los relatos de cinco compañeros de trabajo.

Una vez concluida la investigación, las conclusiones se enviaron a la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, según indica el entorno de Ayuso. Al observar que los hechos podían constituir una “falta muy grave”, se remitió al Ministerio. “No constando hasta este momento la tramitación de este expediente, ya que no se ha solicitado la identidad encriptada de testigos e intervenciones”, aseguran desde el Gobierno de Ayuso. Este mensaje ignora la comunicación recibida 23 días después, que cuenta con acuse de recibo gracias al sistema GEISER. El caso necesita un nuevo impulso para poder avanzar.