Ayuso reduce aún más los impuestos a los grandes capitales mientras ahoga a la universidad pública.

Madrid continúa en la misma línea de los últimos años. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anuncia nuevas reducciones fiscales para grandes patrimonios, mientras las universidades públicas alertan sobre recortes, escasez de personal y presupuestos ajustados. Estas decisiones no son aisladas ni casuales; reflejan una forma específica de concebir lo público y lo privado.

La más reciente medida es el anteproyecto de la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que incrementa la bonificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones del 95% al 99% y amplía los familiares que pueden beneficiarse de ella. Esto implica que las grandes herencias sufrirán aún menos imposiciones. Según datos de sindicatos, el efecto en las arcas públicas se estimaría en cerca de dos millones de euros anuales, beneficiando a alrededor de 1.500 contribuyentes con altos ingresos.

A primera vista, puede parecer una cantidad pequeña dentro del presupuesto total de la Comunidad. Pero aquí lo crucial no es solo la cifra, sino el mensaje. Siempre hay margen para reducir impuestos a los que más tienen, mientras que al reforzar la financiación de la universidad pública surgen advertencias sobre la necesidad de controlar el gasto y realizar ajustes.

Madrid ha competido durante años en la contención fiscal. Es una de las regiones con menor presión sobre las rentas altas en el IRPF y casi ha eliminado el Impuesto de Patrimonio. La estrategia es bien conocida: atraer capital, empresas y contribuyentes de alto poder económico. El argumento oficial habla de dinamismo, libertad y crecimiento.

El problema radica en que los ingresos públicos no son ilimitados. Cada reducción tiene un costo. Cuando disminuye la recaudación, esa suma deja de estar disponible para hospitales, escuelas o universidades. No es una cuestión teórica. Existe una relación directa: menores ingresos implican más presión en los servicios públicos a menos que se compense de otra manera.

En la educación superior madrileña, esa tensión ya se hace evidente. Madrid es la comunidad que menos invierte por alumno universitario, con 6.975 euros al año. Al mismo tiempo, tiene las tasas más altas, con una media de 2.052 euros por curso. Esto significa que el esfuerzo público es inferior y el esfuerzo privado, mayor.

Este desequilibrio no es neutro. Cuando las familias deben pagar más y la financiación pública es más baja que en otras zonas, el acceso deja de depender únicamente del talento y el esfuerzo. Para muchos estudiantes, asistir a la universidad pública de su comunidad se convierte en una decisión económica complicada.

La situación es clara en la Universidad Complutense de Madrid, la mayor institución presencial de España. La universidad ha anunciado un recorte presupuestario de más de 33 millones de euros para el período 2025-2028. Este plan implica reducción de profesorado, eliminación de asignaturas optativas y titulaciones, así como la no reposición de plazas tras jubilaciones.

Antes de eso, ya había solicitado un préstamo cercano a 34,5 millones de euros al Gobierno regional para cubrir su déficit estructural. Es una imagen difícil de ignorar: mientras la Comunidad presume de solidez económica y liderazgo fiscal, su principal universidad necesita endeudarse para mantener su funcionamiento diario.

No se trata solo de cifras en una hoja de cálculo. Cuando se reducen los cuerpos docentes, aumenta la carga de trabajo. Cuando no se sustituyen jubilaciones, los departamentos se reducen. Cuando se eliminan optativas, los estudiantes carecen de opciones para especializarse. Y cuando la financiación es insuficiente, la investigación queda relegada frente a la urgencia cotidiana.

La universidad pública no es solo un gasto más. Es un espacio donde se forman profesionales, se desarrollan proyectos científicos y se crean oportunidades de movilidad social. Para miles de jóvenes de familias trabajadoras, es la principal vía hacia un futuro mejor que el de sus padres.

Paralelamente, el sector privado de educación superior crece rápidamente en la región. Nuevas universidades y centros privados amplían su oferta académica en un entorno con una demanda continua. No hay nada ilegítimo en la existencia de universidades privadas. El problema surge cuando el sistema público se debilita hasta el punto de dar paso al mercado por falta de apoyo institucional.

El discurso de Ayuso resalta la eficiencia y la libertad de elección. Pero la verdadera libertad requiere condiciones materiales. Si la universidad pública pierde calidad y recursos, quienes no pueden costear opciones privadas tendrán menos alternativas. La igualdad de oportunidades se ve afectada cuando el inicio depende cada vez más de la renta familiar.

Ampliar la bonificación al 99% en Sucesiones refuerza además un modelo en el que la transmisión de grandes patrimonios paga mínimas tribuciones. Se facilita así el legado de riqueza de una generación a otra con un coste fiscal mínimo. Es una decisión política legítima, pero con consecuencias claras: limita la capacidad redistributiva del sistema.

Mientras tanto, las universidades públicas reclaman los recursos necesarios. Se habla de ajustes temporales, de reorganización, de hacer más con menos. Sin embargo, ese “menos” no parece afectar por igual a quienes concentran mayor capacidad económica. El esfuerzo se distribuye de forma desigual.

Madrid es una región con un PIB elevado y una economía dinámica. Tiene margen para mantener un sistema universitario sólido si así lo desea. La cuestión de fondo no es si puede permitírselo, sino qué prioridades establece. Cada euro que se deja de recaudar por una bonificación selectiva es un euro que no se destina a fortalecer servicios comunes.

El debate, en esencia, es sencillo. ¿Queremos una comunidad donde el peso del éxito dependa cada vez más del patrimonio heredado? ¿O una donde el talento y el esfuerzo encuentren en la universidad pública una puerta abierta? Las decisiones fiscales y presupuestarias influencian esta balanza en una dirección o en otra.

Reducir impuestos a las grandes fortunas mientras se presiona a la universidad pública no es una casualidad ni un error puntual. Es una línea política coherente con una visión particular de la economía y del papel del Estado. La pregunta que queda es si esa coherencia responde al interés general o al de una minoría.