Las universidades de Madrid solicitan intervenir en la revisión de la LESUC tras la crisis del Gobierno de Ayuso.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso, enfrenta una crisis política centrada en la Consejería de Educación y su controvertida Ley de Universidades. El avance de la LESUC (Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia) se ha detenido con el despido de su impulsor, el consejero Emilio Viciana. Tras el anuncio del portavoz del Ejecutivo regional, Miguel Ángel García Martín, de que la norma no se aprobará «en su forma actual», las universidades madrileñas solicitan participar activamente en la redacción de la nueva ley.

Así lo exige la plataforma que representa a las asociaciones de las seis universidades públicas de la Comunidad de Madrid, en una carta dirigida a los rectores. La Coordinadora Interuniversitaria de las Asambleas por la Universidad Pública, compuesta por docentes y estudiantes, pide una reunión urgente con la CRUMA, la conferencia de los líderes de los centros, para compartir «las inquietudes de la comunidad educativa respecto a la infrafinanciación y la futura Ley de Universidades».

Profesores y estudiantes abogan por aprovechar la transformación en el Ejecutivo regional para tener mayor voz: «Los cambios en la Consejería de Educación del Gobierno de la Comunidad de Madrid deben ser vistos como una oportunidad para reforzar la defensa de la Universidad Pública«, afirman en su misiva. Para lograrlo, buscan colaborar con los rectores, quienes reconocen que «comparten las preocupaciones que la comunidad universitaria ha expresado con frecuencia».

Y continúan haciendo eco de esas preocupaciones. La infrafinanciación que padecen las universidades públicas en Madrid ha llevado a profesores y alumnos a manifestarse en numerosas ocasiones, siendo la más reciente dos huelgas en noviembre. Ahora, ante la reforma en Educación, desean que se convierta en un tema «prioritario», y que los rectores «presionen absolutamente para obtener una financiación adecuada», explica Eva Aladro, docente y miembro de Plataformas por la Pública a ElPlural.com.

Las universidades reclaman «financiación digna» en la nueva ley

Las plataformas consideran «muy significativo que la LESUC haya quedado en un segundo o tercer plano, incluso que se haya desechado«. Ya habían denunciado que la propuesta del PP era «inconstitucional» y que contribuía a la infrafinanciación de los centros. La norma exigía a las universidades que se comprometieran a recibir gradualmente menos fondos de la autonomía, un mandato que directamente «atenta contra la suficiencia y estabilidad» que establece la legislación vigente.

«En este momento estamos por debajo de la media europea en financiación en la Comunidad de Madrid y a la zaga de todas las comunidades autónomas españolas», señala Aladro. El gasto medio por alumno supera los 10.000 euros anuales en algunas regiones, mientras que en Madrid no llega a los 7.000. Esto contrasta con que el coste de las matrículas en las universidades madrileñas es el segundo más alto del país. A esto se añade que la inversión del Gobierno de Ayuso en las universidades no alcanza el 0,4% del PIB, por debajo del 1% que establece la Ley Orgánica del Sistema Universitario.

Esta situación de emergencia se está reflejando en recortes, como los anunciados por la Universidad Complutense de Madrid este martes. La mayor universidad pública de España contempla en su Plan Económico Financiero 2025-2028 un recorte de 33,18 millones de euros. El rector, Joaquín Goyache, lo presentó como medidas de «eficiencia en el gasto», que en realidad marcan la continuación de una política que perjudica principalmente a docentes y estudiantes. En las últimas dos décadas la Complutense ha perdido alrededor de 20.000 estudiantes, y los salarios de los profesores no han incrementado conforme a la normativa estatal.

Si la nueva ley no cumple, «la huelga está totalmente asegurada»

Las universidades ahora tienen la posibilidad de hacerse escuchar, una oportunidad que el cesado consejero de Educación, Emilio Viciana, no consideraba en su LESUC. Quieren capitalizar esta «oportunidad» que les ofrece la crisis de Gobierno que atraviesa Ayuso, y el primer paso es colaborar con los rectores. La carta, afirman, es un medio «para presionarlos, para solicitarles su intervención en el proceso, para indicarles que continuaremos presionando en las calles y a través de movilizaciones«, asegura Aladro.

Las plataformas no descartan las acciones que plantearon en la reunión de la Coordinadora Interuniversitaria este sábado, donde discutieron la huelga indefinida. Dejan en claro que la negociación para una nueva ley debe centrarse en la infrafinanciación de las universidades, y se mantendrán firmes en sus reclamos si el nuevo equipo de Educación, ahora bajo la dirección de Mercedes Zarzalejo, no cumple: «Si la financiación sigue siendo insatisfactoria, la huelga está totalmente asegurada«, concluye la portavoz.

Al cese de Viciana le han seguido una serie de dimisiones de tres diputados de ‘Los Pocholos’, el núcleo más duro del exconsejero y muy cercano a Ayuso. El líder de este grupo, Antonio Castillo Algarra, también ha dejado el ballet de Madrid tras un enfrentamiento con el jefe de gabinete de la baronesa regional, Miguel Ángel Rodríguez. La crisis de Gobierno culminó este miércoles con el despido de los directores generales de Universidades, Nicolás Javier Casas, y de Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial, María Luz Rodríguez de Llera Tejeda.