Ayuso y los municipios de Madrid comprometen por décadas 100 terrenos públicos determinados para iniciativas público-privadas | Noticias de Madrid

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Isabel Díaz Ayuso (PP), ha cedido desde 2019, o tiene planes de hacerlo, 100 parcelas públicas para que operadores privados las exploten durante décadas, generando así significativos beneficios. Esta información ha sido obtenida de documentos revisados por EL PAÍS en el portal de contratación. La mayoría de estos terrenos han sido cedidos sin costo y son de origen municipal; albergan o albergarán al menos cinco colegios privados concertados, 40 residencias y centros de día, como se reveló el lunes; además de miles de pisos de alquiler que se supone son asequibles. El periodo de explotación para las empresas que ganen los concursos varía de 40 a 70 años, con posibilidad de prórroga a 75 años, el límite máximo permitido por la ley. Después de este tiempo, los edificios construidos con financiación privada volverán al patrimonio público. Mientras tanto, los inversores ofrecerán plazas públicas mientras obtienen beneficios mediante las plazas privadas que oferten, el cobro de alquileres, y servicios adicionales. Esta es una decisión política e ideológica que alivia las cuentas actuales de Madrid, pero que compromete a cualquier futuro gobernante. Desde el Gobierno regional defienden que se trata de una cuestión de eficacia, lo que ha provocado el escándalo de la oposición de izquierdas.

“Es una fórmula de colaboración privada que permite la rápida puesta en funcionamiento de las infraestructuras necesarias, bajo criterios de eficacia y eficiencia”, argumenta un portavoz del Ejecutivo regional sobre un plan que involucra, cada una con sus particularidades, un centenar de parcelas, entre ellas las dedicadas a colegios privados concertados (cinco, de las cuales dos aún están en fase preliminar); la mayoría de las previstas para residencias y centros de día (40); y las del Plan Vive (72, de las cuales 19 están aún pendientes de adjudicación formal, según el portal de contratación).

No importa si el municipio es grande, mediano o pequeño. Ya sea la ciudad de Madrid, Móstoles, Alcobendas, Tres Cantos, Torrejón de Velasco o Torrejón de la Calzada, la apuesta por ceder terrenos públicos gratuitamente por toda la región lleva la firma del gobierno de Ayuso y se beneficia del gran poder municipal acumulado por el PP en las elecciones de 2023. Ante la resistencia del PSOE para que los gobiernos municipales donde tienen representación se sumen a estos programas, la presidenta regional ha decidido reactivar una fórmula que fue maximizadada durante el mandato de Esperanza Aguirre (2003-2012) y que fue paralizada por el de Cristina Cifuentes (2015-2018) en el caso de los colegios privados concertados.

“El suelo público debe ser destinado a fortalecer los servicios públicos y garantizar derechos, no a beneficiar los negocios privados de un rentista, la Iglesia o una empresa”, afirma María Pastor, portavoz adjunta de Más Madrid en la Asamblea regional. “Con decisiones como estas, el Gobierno de Ayuso está consolidando un modelo que desvía recursos hacia lo privado en lugar de reforzar lo público”, critica. “La cesión de parcelas debe ir acompañada de cláusulas estrictas que eviten la mercantilización del derecho a la educación, la vivienda y los cuidados.”

El lunes, tras hacerse público que la Comunidad abría un concurso para la cesión de una parcela del Ayuntamiento con el fin de construir una residencia, Ana Lima, concejala del PSOE, expresó su indignación: “Volvemos a ver una fórmula que ya conocemos bien, la cesión de suelo público para que intereses privados obtengan beneficios. Esto ya lo hemos visto en vivienda y ahora lo estamos observando también en el ámbito residencial”. “No se trata de una simple decisión de gestión, sino de un regalo con efectos estructurales a largo plazo”, continuó. Y concluyó: “Lo que se presenta como eficiencia es, en realidad, un cambio de modelo: menos gestión directa y más dependencia de operadores privados en un ámbito tan sensible como los cuidados. La prioridad no puede ser el balance económico, sino el interés general, la calidad y la universalidad en el acceso.”

En la misma línea se pronuncia el diputado Javier Guardiola, del PSOE. “Durante años se ha estado cediendo el suelo público para gestiones privadas, y nos encontramos en barrios o municipios donde hay una grave carencia de servicios públicos”, se queja. “El suelo público es un recurso limitado. La Comunidad de Madrid tiene una falta de servicios públicos. Ese suelo debe utilizarse para generarlos.”

Millones de beneficios

El negocio es muy rentable para los privados que triunfan en los concursos. Por ejemplo, en el caso de los colegios concertados, históricamente han tenido la posibilidad de hipoteca el terreno público para financiar la construcción que han prometido. A cambio de ofrecer plazas concertadas en las enseñanzas obligatorias, pueden ofrecer otros niveles de pago completo, como Infantil o Bachillerato, donde la Administración ha incentivado con becas la permanencia de los estudiantes captados durante la etapa financiada por el presupuesto público.

En relación a las 40 residencias y centros de día que la Comunidad de Madrid acaba de comenzar a licitar, con el objetivo de abrir la primera en el verano de 2028, los gestores podrán cobrar por estacionamientos, cafeterías y cientos de plazas de residencia privadas. Una vez que el sistema esté consolidado, la Comunidad reservará 2.400 plazas y las empresas podrán ofrecer 1.755 en el mercado privado, según información del gobierno.

En el caso de los terrenos cedidos bajo el Plan Vive, enfocado en la construcción de viviendas para arrendar en condiciones teóricamente asequibles, la ganancia para el dueño privado es aún mayor: cientos de millones de euros de beneficio neto en cada promoción, según verificó este diario en la documentación de cada uno de los concursos.