Begoña Gómez no se presenta ante el juez Peinado en el caso de malversación y solicita el cierre del expediente | España

Estaba todo programado para que Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, se presentara este sábado por la tarde en los juzgados de la plaza de Castilla de Madrid, donde había sido convocada por el magistrado Juan Carlos Peinado para realizar un simple trámite procesal: especificar su imputación por un presunto delito de malversación de fondos públicos como paso previo a remitir el caso para su juicio ante un tribunal popular. Este delito es atribuido a la mujer del presidente por los supuestos trabajos privados que, como favor, realizó para ella Cristina Álvarez, la asesora contratada por La Moncloa en 2018 para gestionar su agenda pública. No obstante, Gómez no asistió a la citación: eludió ese trámite judicial al delegar su representación en su abogado.

El juez Peinado redactó un auto esta semana informando a Gómez que, en el caso de que termine siendo juzgada por este delito, lo hará ante un tribunal popular. En otras palabras, ciudadanos elegidos al azar deberán decidir su culpabilidad o inocencia. Además, el magistrado ordenó que, junto con otros imputados, tanto su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, como el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, quien también trabajó anteriormente en La Moncloa, se presentaran al juzgado este sábado para ser informados de esta decisión.

Al final, ninguno de los imputados se presentó en los juzgados. Todos delegaron su representación en sus abogados. La cita, según fuentes jurídicas, duró casi dos horas, durante las cuales tanto la defensa de Gómez como la Fiscalía solicitaron el archivo de la causa. Por su parte, las acusaciones particulares ―tales como Hazte Oír y Vox― pidieron que se continuara con la investigación y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como el ministro de Justicia, Félix Bolaños, fueran citados como testigos. Peinado se pronunciará en los próximos días. La decisión final que adopte, ya sea continuar con la causa o archivarla, podrá ser recurrida ante la Audiencia Provincial.

Peinado trabajaba este sábado en funciones de guardia, además de cumplir 71 años. Se jubilará en septiembre de 2026, al cumplir 72, la edad máxima permitida para desempeñar funciones en la carrera judicial en España.

La defensa de Gómez, liderada por el exministro Antonio Camacho, fundamenta su solicitud de archivo de la causa en que la esposa de Sánchez no habría intervenido ni en el nombramiento ni en el pago a su asesora. Camacho afirmó que la decisión de la esposa del presidente de no comparecer personalmente en el juzgado estaba respaldada por una circular de la Fiscalía, la 4/1995, de 29 de diciembre, relativa al proceso ante el Tribunal del Jurado: las actuaciones en el Juzgado de Instrucción. En este documento se establece que en la comparecencia “solo se concretarán los términos de la imputación y siempre con la presencia de su abogado”. Por lo tanto, “la presencia del imputado no es indispensable. En la comparecencia (…) no se realizan diligencias de instrucción y, por ende, tampoco la declaración del imputado”.

Este sábado se trataba de la quinta vez que Gómez estaba citada para comparecer en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, desde que el magistrado comenzó a investigarla en abril de 2024, tras una denuncia del pseudosindicato ultra Manos Limpias. Al mismo tiempo, también fueron convocadas la asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien ocupó el cargo de secretario general de Presidencia de 2021 a 2023, de quien depende la asistente de la esposa de Sánchez.

La organización ultracatólica Hazte Oír, que coordina las acusaciones populares, reunió a unas 100 personas en las cercanías bajo el lema “No al corrupto”. Circuló también un camión pequeño por la zona con una gran pantalla en la que se proyectaban imágenes de la esposa del presidente con el rótulo “pentaimputada”.

Los correos electrónicos

El magistrado Peinado considera que existen indicios de delito en las funciones realizadas por la asesora de Gómez, ya que, a través de correos electrónicos, habría asistido a la esposa de Sánchez con sus actividades privadas en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Es decir, durante su horario de trabajo habría enviado estos correos con información sobre su actividad privada en la universidad. Este procedimiento está separado de la causa principal contra Gómez, en la que Peinado investiga también otros cuatro delitos: corrupción en los negocios, intrusismo, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Camacho ha explicado que él mismo ha enviado correos sobre asuntos familiares o de amigos. “Si su argumento es que añadir una posdata en un correo constituye un delito de malversación porque se realizó durante el horario laboral, es algo común que se trabaje de 10:00 a 22:00, y no creo que haya alguna prohibición que impida enviar correos en su tiempo libre. No se presentan en absoluto los requisitos del delito de malversación y ahí citamos al propio magistrado instructor. Ni hay nombramiento, ni hay pago”.

Este viernes, el juez Peinado precisó en un nuevo auto “varias diligencias” que aún quedan pendientes en esta causa, entre ellas, la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los correos electrónicos proporcionados por Juan Carlos Doadrio, quien fue vicerrector de Relaciones Institucionales de la Complutense, donde trabajaba Gómez, quien codirigió una cátedra extraordinaria en la universidad madrileña sin recibir remuneración y dirigió dos másteres por los que percibió 15.000 euros anuales. Ninguna de las partes ha tenido acceso a estos correos, que son el principal indicio de la supuesta malversación.

Gómez ya indicó ante el juez Peinado en una declaración anterior el 10 de septiembre que, en ocasiones, solicitó como “un favor” pequeñas gestiones personales a su asesora.

Desde que Peinado inició la parte principal de esta causa en abril de 2024 para investigar la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid, la extensa actuación del juez ha sido objeto de cuestionamientos. Su accionar ha sido corregido por todas las instancias superiores y algunas de sus decisiones han coincidido en el tiempo con momentos políticos muy complicados para el Gobierno de Pedro Sánchez.

No solo la defensa de Gómez y la Fiscalía han señalado repetidamente la falta de argumentación de Peinado para justificar algunas de sus resoluciones más polémicas. Las acusaciones populares también tuvieron que solicitarle que argumentara más una imputación para evitar que la Audiencia Provincial de Madrid la desestimara.

La actual investigación por malversación −que constituye una pieza separada− se abrió el 10 de marzo de este año. Durante los primeros meses, ni la esposa del presidente Sánchez ni su asesora estuvieron en la mira de Peinado por este delito.

El juez dirigió su mirada hacia La Moncloa ese mismo 10 de marzo, apuntando a Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien había sido secretario general de Presidencia cuando se designó a Álvarez como asesora. El instructor acudió en abril a La Moncloa para interrogar como testigo al ministro, que está aforado y solo puede ser imputado por el Tribunal Supremo. En esta cita, que tuvo lugar en plena Semana Santa, Bolaños afirmó que no participó en la contratación de la asistente de la esposa de Sánchez. Posteriormente, Bolaños presentó ante el Consejo General del Poder Judicial dos quejas formales sobre presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones, las cuales aún se están investigando.

A finales de junio, Peinado solicitó al Supremo que imputara al ministro. “Ha podido participar directamente en el nombramiento de la persona de Cristina Álvarez como personal eventual y ha conocido, o no ha controlado, las tareas llevadas a cabo por la misma”, escribió el juez en el documento que envió al alto tribunal, en el que le atribuía la malversación —además de un delito de falso testimonio por supuestamente haberle mentido durante su testimonio—. Sin embargo, sus aspiraciones fueron frustradas en solo tres semanas. La máxima instancia judicial respondió de manera tajante: “No hay el más mínimo respaldo indiciario” para imputar a Bolaños.

Los autos de Peinado han generado siempre una reacción inmediata del Gobierno, ya que consideran que reflejan un componente político y también un aprovechamiento de la oposición, especialmente del PP y Vox, para cimentar su tesis de que todo el Gobierno de Sánchez es corrupto y debe convocar elecciones y marcharse.