Casi un millón en sanciones por alimentos vencidos y abandono.

Las residencias madrileñas de gestión público-privada acumularon, entre 2019 y 2025, más de 865.000 euros en sanciones autonómicas por diversas deficiencias, como el servicio de comida caducada desde hace meses, una acumulación de suciedad en niveles peligrosos para la salud de los pacientes, escasez de personal y la omisión intencionada del fallecimiento de residentes, según publicaba este fin de semana el diario El País.

Entre los casos más graves de hechos sancionables, el mencionado medio recuerda el fallecimiento de una mujer estrangulada por la sujeción de su propia cama en el centro de las Peñuelas, el 11 de abril de 2023. El Gobierno madrileño sancionó al centro con una multa de 24.851 euros, no por la muerte en sí, sino por la inadecuada comunicación del mismo. «Se la encontró con la sujeción abdominal cruzada debajo del brazo hasta el cuello y el hombro izquierdo, quedando totalmente atrapada. Ya no respiraba», relatan. El 22 de diciembre de ese año, al visitar el centro de día para mayores dependientes de Mirasierra, un técnico encuentra en la cocina «varios productos caducados» desde hace más de medio año: «blíster de salchichas frankfurt, dos barras de salchichón. Se encuentran varios productos abiertos sin identificar. Fiambre: beicon, jamón york, jamón serrano, queso sin fecha de apertura, y con envoltorios escasos, sin hacer la función de antioxidación». 47.743 euros de multa.

El mismo problema se detectó en una residencia en San Sebastián de los Reyes: «Se comprobó que había tarrinas de puré de merluza, zanahorias y arroz de Campofrío caducadas que se iban a servir.» 33.820 euros de sanción. Otra visita revela que hay menos personal del necesario para atender a los residentes, y se impone otra multa equivalente. En 2024, se añade una nueva multa de 16.910 euros por no informar a la administración sobre un incidente con una anciana: la mujer solicitó que le rellenaran la botella de agua, y al hacerlo, la auxiliar se percató de que el bote olía a colonia y que en la botella había una especie de espuma de producto jabonoso. La afectada comenzó a toser, a arderle la garganta y vomitó hasta tres veces, acabando en el hospital. Pero hasta la fecha y según la documentación oficial, la sanción más elevada impuesta a una residencia fue de 83.420 euros a un centro en Usera por deficiencias en el mantenimiento: «Se observa suciedad, acumulación de enseres, luminarias y esquineras deterioradas en el garaje y exteriores. Igualmente, se observa tanto en habitaciones y baños como en pasillos, zonas comunes y áreas de trabajo que faltan o están deterioradas y sucias algunas placas de techo; el estado de las instalaciones de carpintería y pintura de paredes es deficiente; faltan partes de rodapiés y hay azulejos caídos o rotos, luminarias fundidas y embellecedores dañados», reza el artículo del medio mencionado. La escasez de personal es otro de los problemas más graves y sancionados en los centros. 71.615 euros fue la multa para un centro en Mirasierra.

Suelo público durante hasta 70 años a empresas privadas para residencias

A pesar de todas estas deficiencias, que afectan directamente a la atención que reciben los residentes y a su propia salud, todo indica que el sistema continuará siendo este en la Comunidad de Madrid, es decir, caracterizado por la colaboración público-privada y con todas las concesiones necesarias para las empresas beneficiarias. Desde 2019, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha estado cediendo un centenar de parcelas públicas para su explotación, por un período de entre 40 y 70 años, a operadores privados con elevados márgenes de beneficio. Se trata en su mayoría de suelos de origen municipal, cedidos sin costo para albergar colegios privados concertados, residencias y centros de día, así como miles de viviendas destinadas a alquiler supuestamente asequible (bajo el Plan Vive, que ya ha causado numerosos problemas). De este modo, los inversores combinarán la oferta de plazas públicas con ingresos provenientes de plazas privadas, alquileres y servicios complementarios. Un modus operandi que la oposición denuncia como liberador para las cuentas actuales de la región, pero perjudicial para el futuro, defendido por el Ejecutivo en términos de «eficiencia».

«Es una fórmula de colaboración público-privada que permite una puesta en servicio de las infraestructuras necesarias de manera más rápida y bajo criterios de eficacia y eficiencia«, argumenta un portavoz madrileño sobre un plan que afecta, con distintos matices, a cerca de cien parcelas: cinco destinadas a colegios concertados (dos aún en fase preliminar); 40 previstas para residencias y centros de día; y 72 incluidas en el Plan Vive, de las cuales 19 siguen pendientes de adjudicación formal, de acuerdo con el portal oficial.

«Ayuso ha subastado la vida de los más vulnerables, las personas mayores en residencias, al peor postor», argumenta la diputada madrileña del PSOE Lorena Morales. «Lo mínimo sería que controlase lo que ocurre dentro de esas paredes. Pero las penalidades que impone son irrisorias, mientras que las quejas de las familias son un clamor. Su única prioridad es el negocio. Nada le importa el sufrimiento de aquellos que deberían recibir atención con toda la dignidad«, lamenta la socialista.

En el mismo sentido se pronuncia la diputada de Más Madrid Diana Paredes: «El gran problema es el modelo de privatización de los cuidados de Ayuso. […] No solo hay pocas inspecciones, es que la gran mayoría son pactadas, y la realidad que describen los trabajadores y que recogen las propias inspecciones es alarmante: falta de personal, ratios que no se cumplen, ausencia de enfermería en turnos clave e incluso situaciones en las que no hay nadie que pueda administrar medicación en momentos críticos. A eso se suma la falta de mantenimiento en centros antiguos y la constante ausencia de profesionales básicos como gerocultores o personal de cocina. Es decir, un sistema que debería garantizar cuidados dignos está funcionando con mínimos… o directamente incumpliendo sus propios pliegos.»

«¿Por qué sucede todo esto? Porque no hay consecuencias reales. Las sanciones son escasas y, cuando existen, son ridículas», sentencia Paredes. En respuesta, la consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, encabezada por una de las manos derechas de Ayuso, Ana Dávila, argumenta que las penalidades y las cuantías se aplican cumpliendo lo establecido en la Ley de contratos públicos y en el contrato. «Los usuarios de las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid están bien atendidos y la Administración regional vela permanentemente por el correcto cumplimiento de los criterios de calidad en la atención y de los contratos. La Comunidad de Madrid ejerce un control estricto sobre las residencias de gestión indirecta«, se defienden desde la Administración madrileña, quienes además sostienen que «estos centros reciben al menos dos visitas de inspección al año y al menos otras 10 visitas de los técnicos que llevan a cabo el seguimiento para garantizar el cumplimiento adecuado del contrato de gestión».