El Gobierno admite que no verifica los antecedentes criminales de los agresores que cambian de género.

El Gobierno ha reconocido que no tiene información sobre cuántos maltratadores podrían haberse beneficiado de la Ley Trans, al cambiar su sexo registral, ya que, al momento de realizar el trámite, no se verifica sus antecedentes penales. El Ejecutivo admite, en respuesta escrita a OKDIARIO, una laguna en la Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTB, que ya ha generado diversas polémicas en los medios.

Este periódico ha consultado específicamente sobre el número de agresores de violencia de género que han cambiado su sexo en el Registro Civil y, posteriormente, han solicitado recursos en los puntos municipales del Observatorio de Violencia de Género, como informó la Comunidad de Madrid.

En 2024, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, admitió que estaban «valorando» casos de agresores sexuales que cambian de sexo y luego buscan recursos contra la violencia de género, incluso acercándose a sus víctimas en centros de acogida.

Todo esto ocurrió después de que la Comunidad de Madrid advirtiese al Ministerio de Igualdad, en una carta revelada por el diario El Mundo, sobre casos de agresores que intentaban acceder a recursos para la atención contra la violencia de género tras acogerse a la Ley Trans. En uno de esos casos, al intentar denunciar una agresión sexual, la mujer se encontró con que su ex pareja había cambiado su registro a mujer, lo que le impidió acceder a la protección especial para víctimas. También se reportaron agresores interesados en las ayudas que recibirían si se declarasen víctimas de violencia de género. Desde la consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid expresaron su «preocupación» por este «fraude de ley» que «ponía en peligro tanto a las víctimas como a los profesionales y amenazaba el sistema de protección».

Ahora, en respuesta a este periódico, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes -a través de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública- reconoce que «no se dispone de datos» sobre los maltratadores que podrían haberse acogido a la Ley Trans, dado que «según el procedimiento no es necesario presentar antecedentes penales, sino únicamente realizar dos comparecencias ante el encargado del Registro Civil».

Asimismo, justifica que, de acuerdo con la referida ley, «la persona que rectifique la mención registral del sexo, pasando del sexo masculino al femenino, podrá ser beneficiaria de medidas de acción positiva adoptadas específicamente en favor de las mujeres, conforme al artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, para situaciones generadas a partir de que se haga efectivo el cambio registral, pero no respecto a situaciones jurídicas anteriores a la rectificación registral».

Desde la aprobación de esta ley, se han registrado casos de maltratadores que han utilizado la Ley Trans para que sus delitos sean calificados como violencia doméstica en lugar de violencia de género.

La Fiscalía alertó al Gobierno

Tal como publicó este periódico, la Fiscalía General del Estado convocó a los ministerios de Igualdad e Interior para alertarles sobre casos de maltratadores que recurrían al cambio de sexo para «burlar la ley». La Fiscalía expresó su preocupación por el cambio de sexo registral de los agresores tras la implementación de la Ley Trans.

«Una preocupación de muchas fiscalías son los cambios registrales de sexo de los presuntos maltratadores con la clara intención de evadir la ley y perjudicar a las mujeres víctimas», señala de manera específica la memoria de la Fiscalía General del Estado, correspondiente a 2024.

El documento también resalta que son «varias» las diligencias iniciadas en la aplicación de la Ley Trans y posibles abusos cometidos en fraude de ley.

Por ejemplo, la Fiscalía de Área de Ceuta informó sobre la existencia de dos casos de cambio de sexo de hombre a mujer, efectuados por dos varones involucrados en procedimientos penales por violencia de género, en los cuales la juez había enviado testimonio de la sentencia al Ministerio Fiscal, ya que consideraba que había indicios de fraude. «Se acordó iniciar diligencias preprocesales para completar la información necesaria para tomar una decisión», se concluye. A menudo, esta situación deriva en un embrollo burocrático que afecta negativamente a la víctima.