Cinco exalcaldes del PP de Madrid son hallados culpables por manipulación de contratos en el caso Púnica.
La Audiencia Nacional ha impuesto penas de hasta ocho años de prisión a 29 de las 37 personas físicas y jurídicas que fueron juzgadas … en el ‘caso Púnica’ por realizar «prácticas corruptas», entre marzo de 2012 y octubre de 2014, para la adjudicación de contratos públicos de eficiencia energética a la empresa Cofely a cambio de pagos de sobornos a alcaldes, autoridades y funcionarios de diversos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la mayoría gobernados por el Partido Popular.
En una sentencia de 611 páginas, los magistrados de la Sección Primera condenan al empresario y asesor comercial David Marjaliza a ocho años de prisión por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales agravado y delitos continuados de fraude a la Administración pública, prevaricación, cohecho continuado y falsedad en documento mercantil por particulares, en relación de concurso ideal medial. Se le aplican las atenuantes de confesión tardía, dilaciones indebidas y reparación del daño.
El fallo también impone penas de seis años y seis meses de prisión al entonces director general de Cofely, Didier Roger Maurice, y al director Comercial Constantino Álvarez por delitos de organización criminal y fraude continuado a la Administración pública, prevaricación continuada, cohecho y falsedad en documento mercantil por particulares, en relación de concurso ideal medial.
Por los mismos delitos, y además por tráfico de influencias, el tribunal condena al exdirector Comercial de Cofely Pedro García a seis años y once meses de prisión. A estos tres, así como a otros acusados, se les aplican las atenuantes de confesión tardía, dilaciones indebidas y reparación del daño.
Por su parte, la empresa Cofely, como persona jurídica, es condenada por delito continuado de cohecho a una multa de tres años y seis meses con una cuota diaria de 2.500 euros, 3,2 millones en total, y por tráfico de influencias en el Ayuntamiento de Parla a otros seis meses de multa, con una cuota diaria de 2.500 euros (450.000 euros), siendo absuelta de blanqueo de capitales.
El tribunal considera que la prueba presentada demuestra que el modelo de cumplimiento de la compañía no fue eficaz para prevenir las actividades corruptas realizadas por varios directivos bajo el liderazgo del director general, afectando a diversos departamentos, como el comercial, de compras y de producción durante tres años, al fallar los controles de supervisión de dicho cumplimiento.
«En definitiva, la valoración conjunta de la prueba muestra que los empleados de Cofely implicados en estos hechos desarrollaron la mecánica delictiva involucrando a varios departamentos de la compañía durante tres años, sin encontrar trabas, evidenciándose la ineficacia de las medidas anticorrupción proclamadas formalmente pero que no se implementaron para prevenir y detectar estas prácticas corruptas», subraya la sentencia.
Alcaldes condenados
En cuanto a los alcaldes que adjudicaron los contratos de eficiencia energética, la Audiencia Nacional condena al exalcalde de Parla, José María Fraile Campos (PSOE), a dos años de prisión como autor de un delito de fraude, prevaricación y cohecho en relación de concurso ideal medial, además de otros cuatro meses y 15 días de cárcel por tráfico de influencias.
Respecto al exalcalde de Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP), la Sala le impone tres años de inhabilitación especial por delito de prevaricación, mientras que al de Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada (PP), se le establecen cuatro años y seis meses de prisión como autor de un delito de prevaricación en concurso medial con otro de cohecho.
El exregidor de Villalba, Agustín Juárez López de Coca (PP), también es condenado por un delito de fraude a la Administración Pública, prevaricación y cohecho, todos en relación de concurso ideal medial, con la atenuante de dilaciones indebidas a una pena de cuatro años y seis meses.
La sentencia también condena a Daniel Ortiz Espejo, exalcalde de Móstoles del PP, a tres años de prisión por cohecho y a doce meses de multa, con una cuota diaria de 20 euros, por un delito de revelación de información reservada. Por otro lado, al exalcalde de Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández, también del PP, se le impone casi 3 años de cárcel por fraude, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.
Por el contrario, tras examinar la prueba, los magistrados absuelven de los delitos de los que estaban acusados a los exalcaldes de Almendralejo (Badajoz) José García Lobato y de Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga.
Según detalla la sentencia, entre marzo de 2012 y octubre de 2014, los acusados de Cofely y David Marjaliza, junto a su grupo de sociedades instrumentales y testaferros, actuaron como una organización criminal con una planificación integral y un propósito de permanencia, interviniendo en los ayuntamientos involucrados en la presente pieza para lograr la adjudicación de contratos de eficiencia energética en dichas entidades locales, participando simultáneamente en varios concursos y ofreciendo o aceptando acuerdos de corrupción con las autoridades y técnicos que adjudicaban.


