Conferencia Sectorial sobre el Plan de Vivienda Estatal 2026-2030: Compromisos Fundamentales y una Inversión de 7.000 millones.


La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá el próximo jueves 2 de octubre con los consejeros de Vivienda de las comunidades autónomas en una Conferencia Sectorial para discutir el Proyecto de Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, cuya aprobación por parte del Gobierno está programada antes de que concluya el año.

Este encuentro ha sido convocado tras la reunión del secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, con la comisión multilateral de Vivienda y Suelo, donde reiteró la «mano tendida» del Ejecutivo a las comunidades para alcanzar un consenso sobre el plan.

El nuevo Plan de Vivienda prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, de los cuales el Estado se hará cargo del 60%, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante. Otros dos compromisos del Plan se enfocan en garantizar de manera permanente el parque público y en establecer un sistema de datos públicos y fiables que brinde información clara y transparente, en colaboración con las comunidades autónomas.

En este momento, el Plan está en fase de audiencia pública y se podrán presentar propuestas hasta el 7 de octubre. El proyecto normativo regula instrumentos de financiación y ayudas estatales que, junto a las administraciones autonómicas, pretenden facilitar el acceso a la vivienda conforme a los artículos 23 y 24 de la Ley por el derecho a la vivienda.

La ministra de Vivienda ha solicitado en múltiples ocasiones la implicación de las comunidades en este Plan. Sin embargo, semanas atrás advirtió que, si las comunidades no se unían, los fondos destinados a ellas se redirigirían «a los ayuntamientos que deseen comprometerse en políticas de vivienda».

A pesar de esto, Rodríguez ha asegurado recientemente que la mayoría de comunidades se han mostrado «favorables» al diálogo, exceptuando a Madrid, que ya ha manifestado su rechazo a participar en el acuerdo. La ministra se ha mostrado optimista en llegar a un entendimiento con los gobiernos autonómicos del PP «si no hay una llamada de Génova».

«No espero nada de Feijóo, pero sí espero de quienes hoy dirigen comunidades autónomas, aunque sus siglas pertenezcan al Partido Popular y también de los alcaldes y alcaldesas que están en sus municipios con las siglas del Partido Popular», comentó Rodríguez en una entrevista reciente.

Tres compromisos «imprescindibles»

El Gobierno invita a las comunidades a sumarse a un Acuerdo de Estado sobre el nuevo Plan de Vivienda, con tres compromisos fundamentales: triplicar la inversión en políticas públicas de vivienda, proteger el parque público de forma permanente y fomentar la transparencia en los datos para ofrecer a la ciudadanía información confiable y actualizada.

Desde el Ministerio han enfatizado que es «imprescindible» que las comunidades asuman estos compromisos, los cuales cuentan con el respaldo de País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias, Canarias y Galicia.

Aun así, el secretario de Estado de Vivienda comunicó el pasado jueves a los responsables autonómicos que el Ministerio está dispuesto a incorporar nuevas aportaciones para «mejorar» el plan, tanto a través del proceso de audiencia como en reuniones bilaterales.

El 40% de los fondos, a vivienda pública

De los 7.000 millones previstos, hasta un 40 por ciento estará destinado a incrementar la oferta de vivienda pública; un 30 por ciento se destinará a programas de rehabilitación de viviendas y barrios, considerando criterios de eficiencia energética; y el 30 por ciento restante se orientará a ayudas de carácter emergente.

El plan se estructura en cinco ejes: impulso a la construcción y adquisición de vivienda pública; rehabilitación para mejorar la eficiencia y accesibilidad; apoyo específico a los jóvenes para reducir la edad de emancipación; disminución de la tasa de esfuerzo para garantizar el acceso en condiciones asequibles; y reversión de situaciones en zonas tensionadas donde el acceso a la vivienda sea más complicado.

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