¿Cuál es mi destino?

La política habitacional del Partido Popular, que entrega las viviendas de los madrileños a los fondos buitres para que las utilicen como meros activos de inversión, tiene nombres y apellidos. Son los de los vecinos, las personas que intentan llevar adelante sus vidas, pero que terminan siendo víctimas del enriquecimiento de unos pocos. En la capital hay miles de casos, pero este martes, los inquilinos de las 1.860 viviendas que el PP de Ana Botella transferió a Blackstone, uno de los fondos de especulación más destacados del mundo, han alzado su voz, pues ahora están en riesgo de perder sus hogares. Su clamor llegó directamente al Pleno del Ayuntamiento de Madrid, donde exigieron al alcalde José Luis Martínez-Almeida que recupere sus viviendas para el parque público, «de donde nunca debieron salir».

La reacción del PP ha sido hostil ante los que sufren las consecuencias de sus decisiones. Los vecinos, respaldados por miembros del Sindicato de Inquilinas, han sido desalojados del Pleno por el presidente de la Cámara de Cibeles, Borja Fanjul, tras alzarse durante las palabras de un Almeida que ha negado sus vínculos con Blackstone. Lo han hecho lanzando sus demandas en forma de papeles y con el grito de «¡Yo soy Juan!«, en alusión al burofax que la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, mostró, el cual fue recibido por un vecino del PAU (Programa de Actuación Urbanística) de Carabanchel, uno de los bloques en cuestión.

No obstante, la censura del PP de Almeida no ha logrado apagar su demanda. Más tarde, concentrados en la Plaza de Cibeles, frente al consistorio, los vecinos de estos bloques continuaron reclamando su derecho a quedarse en las viviendas en las que han vivido durante décadas, las cuales el Ayuntamiento de Ana Botella puso en el mercado especulativo tras engañar a sus residentes, que eran beneficiarios de programas de alquiler social. Esto ocurrió en 2013, en medio de la crisis económica, afectando especialmente a viviendas en zonas humildes de la capital como Carabanchel, Villaverde o Vallecas.

Mamen, del PAU de Carabanchel: «Yo llevo ya 20 años ahí viviendo. ¿Me marcho a otro sitio?»

Conocer su historia es conocer cómo las políticas afectan realmente a las personas en su vida cotidiana. Los que llevaban las pancartas y gritaban este martes desde la tribuna de invitados de Cibeles no eran políticos, no vestían traje y corbata. Son trabajadores, padres, madres, jubilados. Son personas comunes que podrían perder lo más básico por la codicia de unos pocos y el servilismo de los que están al mando. ElPlural.com ha hablado con varios de ellos para dar un rostro, voz, nombre y apellidos a la situación de la vivienda en Madrid.

Muchas de las 1.860 viviendas públicas que el Ayuntamiento vendió a Blackstone en 2013 se encuentran en Carabanchel. En este distrito del suroeste de la capital se construyeron varios bloques de vivienda social para mitigar los efectos de la crisis, que fueron vendidos por menos de 70.000 euros cada uno -y que ahora se pretende revender por cuatro veces más– a este fondo de inversión.

¿Dónde me voy a ir? Yo ya estoy jubilada.

Mamen es una vecina de uno de estos bloques, en la calle Jacobeo. Está jubilada y vive en Carabanchel desde 2006. En su caso, el contrato no expira hasta 2029 -en algunos casos ya han comenzado a recibir notificaciones-, pero con su renta actual, no podría afrontar un alquiler en la ciudad de Madrid. Tiene más preguntas que respuestas:

PREGUNTA (P): Cuéntanos tu caso, ¿cómo estás tú afectada?

MAMEN (M): En 2006 fui adjudicataria de una vivienda en el PAU de Carabanchel, una de las 1.860 viviendas. Nos asignaron una casa en alquiler. En 2013, esas casas fueron vendidas, así que nos engañaron, porque en el contrato decía que eran diez años con derecho a compra. Nos enteramos a través de una carta que indicaba que iba a cambiar el casero, como dijo ella [la entonces alcaldesa, Ana Botella], el nuevo propietario. Este nuevo propietario era Fidere, que pertenece al grupo Blackstone.

Mi contrato finaliza en 2029. Entonces, claro, cuando llegue 2029 y me digan que tengo que mudarme, ¿dónde me iré? Yo ya estoy jubilada. Entonces, ahora, ¿dónde…? Los precios a mi alrededor son ya de 1.500, 1.600 euros al mes, y lo que puedan ofrecerme, si es que lo ponen en alquiler, es de 1.500 euros. Mi sueldo no es ese, es que no llego ni a eso.

P: Entonces, ¿no tienes alternativa?

M: No, no, no. ¿Dónde me voy? ¿Tengo que buscarme otro lugar? ¿Irme de Madrid, de mi barrio? Yo llevo ya 20 años en ese lugar. ¿Me marcho a otro sitio? ¿Dónde? Necesito que me digan, que me ofrezcan una solución. Dicen que hay otro bloque donde, a unos precios más asequibles, puedo alquilar. Pero no es así. Entonces, lo que quiero es que me den una solución. Y si no me dan una solución, me quedaré en mi casa.

Rafa, vecino de Carabanchel: «Era vivienda pública a la que accedimos personas en situación desfavorecida»

Pero parece que veinte años no son suficientes para el PP. Son proyectos de vida que podrían desmoronarse si, al expirar los contratos de estos vecinos, los fondos continúan especulando con sus viviendas. Las plataformas exigen que se respete el arraigo de estos inquilinos a sus barrios y solicitan a Almeida que recupere estos pisos para la EMVS (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid), es decir, para el parque de vivienda pública de la capital.

«Hemos venido al Pleno para reclamar al Ayuntamiento que recompre esas viviendas y las incorpore al parque de vivienda pública de la EMVS, del parque que nunca deberían haber salido. La razón es que desde 2013 hemos estado sufriendo abusos del fondo Blackstone, el actual propietario, con aumentos continuos en los alquileres, desahucios invisibles y vecinos que no han podido pagar las subidas; y ahora, el problema que se nos presenta es que quieren revender estas viviendas a otro fondo de inversión canadiense, Brookfield, y buscan echarnos de nuestros hogares para vender nuestras casas al mejor postor, en un mercado libre».

Rafa también es vecino de la calle Jacobeo, donde se ubica uno de los bloques del PAU de Carabanchel. Indica que los concejales del PP «son responsables de esta venta desde 2013», y deja claro que no se dejarán intimidar: «Queremos dejarles claro a los fondos que no nos vamos a ir de nuestras casas, que nos quedamos y que lucharemos hasta el final», afirma.

Los vecinos de estos bloques, algunos arraigados en la zona desde hace dos décadas, se enteraron de la venta a un nuevo fondo buitre «a través de los medios«, relata Rafa: «Desde septiembre-octubre, empezamos a notar movimientos de Blackstone en la venta de viviendas», explica. «Se trataría de una compra de estas 1.860 viviendas, además de muchas otras de la Comunidad de Madrid, a cuatro veces más de lo que el Ayuntamiento de Ana Botella las vendió en su momento«.

El consistorio de la popular vendió estas viviendas públicas a Blackstone en 2013 por menos de 70.000 euros. Sin embargo, su precio estimado trece años después oscila entre 250.000 y 300.000 euros por vivienda. Las plataformas afirman que el fondo buitre, acostumbrado a especular con los precios, desea revenderlas entre 300.000 y 400.000 euros. Sus actuales inquilinos, aquellos que residían allí cuando las propiedades fueron cedidas a Blackstone, recuerdan que las obtuvieron mediante programas de alquiler social y que no pueden afrontar los precios actuales: «Evidentemente, ninguno de nosotros podremos asumir esos costos, ya que era vivienda pública destinada a personas en situación desfavorecida, no éramos individuos con recursos suficientes», lamenta Rafa.