Documentos para salir de la clandestinidad: un informe estima que hay aproximadamente 840.000 personas en situación irregular en España.

La gran mayoría no llega en patera, sino en avión, y no están incluidos en las estadísticas oficiales. Cientos de miles de extranjeros que residen de forma irregular en España están obligados a vivir en la clandestinidad, trabajando en tareas como la limpieza de casas, la recolección de frutas consumidas en Europa y la construcción. El Gobierno está intentando regularizar de manera excepcional, a través de un real decreto que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros, a todos aquellos que puedan demostrar que llevan más de cinco meses en el país desde que hagan la solicitud, que no hayan arribado después del 31 de diciembre de 2025 y que carezcan de antecedentes penales. La Administración estima que esta medida podría beneficiar a medio millón de personas, aunque otros informes elevan esa cifra hasta aproximadamente 840.000, en su mayoría provenientes de América Latina, particularmente de Colombia, Perú y Honduras.

Un informe del centro de análisis Funcas, divulgado esta semana con datos de 2025, indica que la migración irregular en España ha aumentado considerablemente en los últimos años. Según el documento, la población extracomunitaria que se encuentra en situación irregular ha crecido ocho veces en comparación con 2017, pasando de aproximadamente 107.000 a 840.000. Las cifras son estimadas basándose en los datos oficiales de población, como el padrón, menos aquellos que cuentan con algún tipo de permiso de residencia.

La realidad es que cuando se habla de ofrecer permisos de trabajo de forma excepcional, los destinatarios de esta medida son mayoritariamente inmigrantes que ya residen en España sin derechos fundamentales. Centenares de miles de personas se ven atrapadas en un ciclo de pobreza: sin ingresos legales, les resulta extremadamente complicado encontrar una vivienda y deben esforzarse por registrarse en el padrón, demostrar su estancia en España y poder eventualmente acceder a una regulación ordinaria. Este sistema los convierte en invisibles.

La dinámica habitual para regularizar su situación en el país a menudo obliga a muchos a experimentar un “largo periodo en la irregularidad” antes de conseguir la regularización administrativa, “de modo que cuando aumentan intensamente los flujos de entrada, también se produce un gran incremento de la población en esta situación”, precisa Funcas en su informe.

No es la primera ocasión en que España ha llevado a cabo una medida de este tipo. En efecto, se han realizado nueve regularizaciones similares desde 1986 hasta 2005. A lo largo de esos años, gobiernos de diferentes signos políticos han concedido papeles a más de un millón de personas. La primera regularización extraordinaria para inmigrantes sin permiso fue implementada en 1986 por el Gobierno socialista de Felipe González, cuya única condición era demostrar una estancia previa al 24 de julio de 1985. Posteriormente, se realizaron otras dos regularizaciones, que incluían la necesidad de acreditar residencia y contar con una oferta de empleo “regular y estable”, así como ser familiar o dependiente de quienes ya habían sido regularizados. En conjunto, más de 150.000 personas lograron obtener sus documentos en esos años.

José María Aznar impulsó otros tres procesos de regularización extraordinaria (1996, 2000 y 2001), que otorgó permisos a la mayor cantidad de inmigrantes irregulares hasta ese momento. Durante sus ocho años en el Gobierno, Aznar facilitó los papeles de trabajo y residencia a 524.621 inmigrantes no comunitarios.

Poco después de asumir el poder, Zapatero promovió la última gran regularización extraordinaria en 2005. En un proceso que se extendió por cuatro meses, los inmigrantes en situación irregular debían demostrar su estancia en España anterior al 8 de agosto de 2004 y presentar un contrato de trabajo de al menos seis meses y 40 horas semanales. Un total de 576.506 personas se beneficiaron de esta medida.

“Desde entonces, se ha confiado, en gran medida, en el arraigo (social, familiar, laboral y formativo) como una especie de regularización extraordinaria continua”, resume Funcas. “Este mecanismo, aunque ha logrado evitar hasta ahora el surgimiento de volúmenes de población irregular similares a los previos a 2005, no ha sido capaz, como nuestro nuevo análisis indica, de prevenir los significativos aumentos que suceden en períodos de alta llegada de inmigrantes”.

Las proyecciones del centro indicaban, antes de que se conociera la noticia de la nueva regularización extraordinaria de este Gobierno, que la tendencia migratoria preveía un crecimiento de aproximadamente 90.000 personas al año en situación irregular. “De continuar esta dinámica entre 2025 y 2027, la cifra de irregulares aumentaría en 270.000”, señala el informe. “Al restar de esta cifra el incremento de permisos por arraigo que el Gobierno espera (258.000 en tres años), se deduce un aumento hipotético de 12.000 extranjeros en situación irregular, alcanzando un total de 852.000. En otras palabras, ocurriría una estabilización en vez de una reducción”, concluyen según sus estimaciones.

Los datos sobre los migrantes irregulares que residen en España, según el organismo, muestran que la mayoría proviene de América, alrededor de 760.000. Se destacan las nacionalidades colombiana (cerca de 290.000), peruana (casi 110.000) y hondureña (90.000). A una distancia considerable se encuentran las nacionalidades africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000).