El caso Koldo sugiere nuevas acusaciones centradas en las empresas.

El caso Koldo y sus dos vertientes en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional ha tenido un freno durante los meses estivales, sin embargo, con la llegada de septiembre y el inicio del año judicial, se anticipan progresos y, lo más relevante, nuevas imputaciones. Tanto los jueces encargados de las investigaciones como la Fiscalía Anticorrupción han advertido claramente que la causa se ampliará. Diversos mensajes presentes en escritos y autos así lo demuestran.

Hace poco, tanto el juez Ismael Moreno como el fiscal Luis Pastor dejaron esto en claro. El magistrado se refirió a la gran cantidad de material incautado durante las diligencias de entrada y registro, señalando los numerosos teléfonos, ordenadores, pendrives y documentos que están bajo examen de la Unidad Central Operativa (UCO). Se decidió prorrogar el plazo de instrucción otros seis meses a la espera de nuevos informes que están en elaboración y que determinarán «la práctica de nuevas diligencias e incluso de nuevas imputaciones«.

Antes de Moreno, el magistrado del Supremo, Leopoldo Puente, tomó una decisión similar. Se refirió al «muy significativo volumen de material intervenido a los investigados durante las entradas y registros y las intervenciones telefónicas». El magistrado indicó que el análisis de los dispositivos confiscados podría desencadenar «la necesidad de realizar nuevas diligencias de investigación». Estos contienen datos que superan los 10 terabytes, es decir, 65 millones de páginas si fueran transcritos.

La asignación de responsabilidades penales tiene, por el momento, un aspecto pendiente que podría indicar quiénes serán los siguientes. Hasta ahora, permanecen imputadas únicamente personas físicas y no ninguna jurídica. Se está investigando al exministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García, y a los altos cargos de Transportes, Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, así como al comisionista Víctor de Aldama. Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, también es investigado y está en prisión provisional. Por supuesto, también constan como investigados los adjudicatarios de obra pública.

Fue a principios de julio cuando cinco empresarios comparecieron ante el Supremo por «su condición, al menos, de administradores de hecho de determinadas entidades mercantiles, y habrían podido intervenir en la indebida adjudicación en favor de estas de concretas obras públicas a cambio de una compensación» de personas que, siempre en los términos indiciarios correspondientes a la fase procesal en la que nos encontramos, podrían haber participado en la realización de pagos que en parte podrían haber beneficiado a la persona aforada en esta causa especial. «La conducta de aquellos estaría también indisociablemente unida a la de este» y «deben quedar incorporados, en la referida condición de investigados, a la presente causa especial», justificó el juez.

Las empresas adjudicatarias

Ya entonces, se emitió un mensaje para esas mercantiles. A solicitud de la UCO, se requería la información bancaria relacionada con las cuentas o productos que «aparezcan a nombre de cualquiera de los mencionados investigados o al de las empresas Acciona Construcciones, LIC, OPR y Servinabar, en cuyo beneficio podrían haber actuado» y en nombre de Fialdelso, una fundación vinculada a Ábalos y en el punto de mira por la recepción de transferencias sospechosas. Que las compañías acaben como imputadas en calidad de personas jurídicas es solo cuestión de tiempo.

Una de las mayores inquietudes en el PSOE es que esos avances acaben afectando también al propio partido. La sombra de la financiación irregular ha sido una constante casi desde el inicio de la causa, dada las responsabilidades que ocupaban en la formación los dos principales imputados, Ábalos y Cerdán. Más allá de los posibles indicios que podrían encontrarse, es evidente que existió una falta de control y supervisión, que la formación está legalmente obligada a mantener desde 2015, y que ha tenido problemas con los números tres del partido en la última década.

Además, se suman diversas pruebas que apuntan al partido. Desde la afirmación de la empresaria Carmen Pano de que entregó en Ferraz bolsas de plástico con dinero, hasta la declaración de Aldama sobre que Ábalos y Koldo García le indicaban que una parte de las comisiones que abonaba «como si fuera el Banco de España» eran para el partido, afirmando que la formación se embolsaba entre un 1 y un 1,5% de comisión por obra supuestamente extraída de las cantidades que abonaban los adjudicatarios.

El caso Koldo y sus dos vertientes en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se ha ralentizado durante los meses de verano, pero, con la llegada de septiembre y tras el pistoletazo de salida que marca la apertura del año judicial se esperan avances y, lo que es más importante, nuevas imputaciones. Tanto los instructores a cargo de las investigaciones como la Fiscalía Anticorrupción vienen avisando abiertamente de que la causa engordará. Distintos mensajes deslizados en escritos y autos así lo evidencian.