El Consejo de Estado critica al Gobierno por su reforma educativa y advierte sobre posibles conflictos con las autonomías y la Unión Europea.

El Ministerio de Universidades, encabezado por Diana Morant, ha recibido varias alegaciones al texto de, entre otros, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o universidades privadas. Las críticas no solo provienen de comunidades gobernadas por el PP, sino también del País Vasco, donde el PSOE está en coalición con el PNV. Esta última objeción habría sido resuelta con una concesión a las comunidades con lengua cooficial, que gozarán de algunas ventajas respecto a las demás.

Sobre el papel, el decreto se presenta como un garante de la calidad universitaria (tanto pública como privada), pero es evidente que en la práctica está dirigido principalmente a las privadas, a las que impondrá varios requisitos que complican su apertura y que no siempre están justificados, según se deduce del dictamen del Consejo de Estado al que ha tenido acceso ABC. La norma limitará solo a los campus privados, dado que la última universidad pública que se abrió fue en 1998. Además, el propio Pedro Sánchez, al referirse a «chiringuitos educativos», dejó claro cuál era el objetivo de este real decreto.

El tono utilizado por el presidente y varios de sus ministros fue polémico y ampliamente criticado, considerando que él mismo y un alto porcentaje de los miembros de su Gobierno se formaron en centros de titularidad privada. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, llegó a afirmar que la universidad privada representa una «amenaza» para la clase trabajadora.

Sin embargo, ahora las críticas provienen del Consejo de Estado. Uno de los puntos más controvertidos es el carácter vinculante que el real decreto otorga a los informes de las agencias de evaluación de calidad, tanto de la estatal Aneca como de las autonómicas. Según el borrador, una comunidad no podría autorizar la creación de una universidad si recibe un informe desfavorable. El Consejo de Estado advierte que esta previsión constituye una «mutación de la competencia» autonómica. Es decir, que la comunidad no decide realmente ya que su margen queda anulado por un dictamen técnico. La recomendación del órgano consultivo es clara: mantener los informes como preceptivos —obligatorios de solicitar—, pero no como vinculantes. De lo contrario, se abre la posibilidad de recursos contencioso-administrativos por parte de comunidades autónomas o incluso cuestionamientos de inconstitucionalidad.

Otro de los puntos controversiales se refiere a las universidades con un enfoque mayoritariamente virtual. El decreto establece que aquellas cuya oferta supere el 80% de créditos a distancia serán competencia exclusiva del Estado. Para que el Estado asuma dicha competencia, explica el dictamen, sería necesario demostrar que la actividad sea auténticamente supraautonómica. De lo contrario, existe el riesgo de que el Tribunal Constitucional anule la norma por invasión competencial.

Un problema similar se presenta en el tratamiento del informe de la Conferencia General de Política Universitaria, que agrupa al ministerio y a las consejerías autonómicas. El proyecto de decreto exige que su dictamen sea favorable para que una comunidad autorice una nueva universidad.

El Consejo de Estado considera que esta previsión incurre en el mismo error: convierte una opinión colegiada en un veto estatal sobre una competencia autonómica. Tampoco aquí la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) ofrece suficiente cobertura legal. Para evitar riesgos, propone reducir el informe a preceptivo, pero no vinculante.

El umbral de los 4.500 alumnos

El real decreto también establece un requisito mínimo de 4.500 alumnos para que una universidad sea considerada viable. El Consejo de Estado no rechaza esta medida, sin embargo, organismos como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han criticado que un umbral tan elevado podría limitar la entrada de operadores especializados o de ámbito local, restringiendo la competencia. Si un juez determina que esta cifra es arbitraria, podría anular la previsión por desproporcionada.

Por otra parte, el riesgo más evidente de fricción con la Unión Europea es la exigencia de que al menos el 75 % del profesorado de las universidades virtuales resida en España o en otro país de la UE. La CNMC y el Ministerio de Trabajo advierten, como señala el dictamen del Consejo de Estado, que esta obligación podría vulnerar la libre circulación de trabajadores y la libertad de prestación de servicios. El Ministerio de Economía, por su parte, subraya que el hecho de residir en España no garantiza calidad académica, y esta restricción carece de justificación objetiva. Si se mantiene, es previsible que termine en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El borrador incluye, además, condiciones como la obligación de contar con experiencia previa en gestión universitaria y la necesidad de ofrecer plazas de alojamiento para el 10% de los estudiantes. La CNMC considera que estas exigencias no están directamente relacionadas con la calidad académica y podrían actuar como barreras de entrada. El Consejo de Estado menciona en su dictamen que la solución de vivienda debería exigirse únicamente a aquellos estudiantes que no sean residentes. Además, señala que en la LOSU esta exigencia es dudosa, puesto que dicha ley no menciona una previsión de alojamiento.

También se critica la tramitación formal

Más allá del contenido, el Consejo de Estado critica la tramitación formal del decreto. La memoria que acompaña al texto no cuantifica adecuadamente el impacto presupuestario ni las cargas administrativas. El Ministerio para la Transformación Digital llegó incluso a denegar su aprobación previa por este motivo. El dictamen considera insuficiente la estimación de costes —aproximadamente 5.500 euros anuales por universidad—. Estos defectos procedimentales pueden ser suficientes para que un tribunal anule la norma por falta de motivación. Otro reproche es la técnica utilizada. En lugar de redactar un nuevo real decreto, el Gobierno ha elecciones por modificar casi en su totalidad el vigente RD 640/2021. Para el Consejo de Estado, esta elección incrementa la complejidad normativa y genera inseguridad jurídica, lo que puede provocar interpretaciones contradictorias. Además, el máximo órgano consultivo del Gobierno critica al Ministerio de Morant por la falta de concreción al referirse a los beneficios de la norma para las familias.

En definitiva, el aviso es claro: el Gobierno debe replantear el decreto si no quiere que el intento de ordenar el mapa universitario y garantizar la calidad académica del mismo resulte en nuevos enfrentamientos con las comunidades autónomas y con la Unión Europea.