El Consejo de Estado plantea dudas sobre la regularización de inmigrantes impulsada por el Gobierno.
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- 11 de abril de 2026
La regularización extraordinaria que permitirá a más de medio millón de extranjeros sin papeles que residen en España obtener un permiso de residencia, una de las iniciativas más destacadas del Gobierno mientras el resto de Europa adopta políticas más restrictivas, se ha encontrado con … una discusión significativa en el Consejo de Estado. El real decreto, que ha sufrido retrasos respecto al calendario previamente establecido, debería ser presentado al Consejo de Ministros el próximo martes. El Ejecutivo esperaba el dictamen —obligatorio aunque no vinculante— del Consejo de Estado, que fue emitido este jueves, para poder avanzar. La intención inicial era que la regularización se hubiera iniciado el 1 de abril. Según fuentes familiarizadas con las deliberaciones del órgano consultivo, el informe contiene severas advertencias sobre el proyecto y varias observaciones esenciales que deben ser consideradas y corregidas antes de su aprobación final.
El Consejo de Estado considera que el Gobierno debe tener en cuenta que se tratará de un proceso masivo con importantes implicaciones para las administraciones que deben gestionarlo, y muestra su asombro ante aspectos tan fundamentales como la falta de especificación del impacto presupuestario en la memoria del real decreto. También critica que el preámbulo del mismo, donde el Ejecutivo defiende las motivaciones políticas, repita que la regularización responde a una demanda social reflejada en la iniciativa legislativa popular que el Congreso tuvo en cuenta en 2024. Es cierto que las 600.000 firmas ciudadanas estimularon el primer debate legislativo, pero, según ha podido saber ABC, el órgano consultivo opina que no sería riguroso hacer creer que la norma forma parte de un proceso de participación ciudadana, hasta el punto de que podría sugerir la eliminación de esa referencia.
El dictamen incluirá, según fuentes de confianza, varias advertencias sobre aspectos que requieren revisión y reformulación; principalmente debido al desorden del articulado —a cargo del Ministerio de la Seguridad Social y Migraciones de Elma Saiz— o incluso por errores de técnica normativa. El Consejo de Estado está presidido por la exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo; y al frente de la Sección Segunda, que aborda los asuntos de esta cartera, está Magdalena Valerio, quien fue ministra de Trabajo, Seguridad Social y Migraciones durante los primeros dos años de Pedro Sánchez en la Moncloa.
La regularización propuesta por el Gobierno se dirige a dos grupos de solicitantes que, en cualquier caso, deben encontrarse en España antes del 31 de diciembre de 2025 y poder acreditar al menos cinco meses de permanencia. El primer grupo concierne a los solicitantes de asilo o apátridas en nuestro país; y el segundo, a aquellos que puedan comprobar un arraigo extraordinario por diferentes motivos; ya sean laborales, familiares o en situación de vulnerabilidad. El real decreto del Ejecutivo estipula que la mera solicitud de regularización implicará la paralización del procedimiento de protección internacional iniciado, lo que podría entrar en conflicto con la normativa comunitaria (dada la competencia también europea) y alterar los procedimientos internacionales en curso.
Existen muchas dudas sobre la inclusión de los solicitantes de asilo en el mismo grupo que los demás solicitantes
El reparo que el Consejo de Estado plantea se complementa con la convicción de que la regularización no debería incluir a los apátridas, dado que podrían surgir confusiones entre ambas figuras, considerando que existe ya una regulación específica al respecto en el ordenamiento jurídico español.
Foco en la vulnerabilidad
Este es otro de los aspectos más delicados del real decreto. Para las personas que aleguen circunstancias excepcionales por razón de arraigo extraordinario, la discusión dentro del órgano consultivo se centra en aquellos que reclaman estar en situación de vulnerabilidad. La propuesta es que se establezcan criterios objetivos para evidenciar dicha vulnerabilidad y, al mismo tiempo, hay muchas dudas entre los juristas sobre si las entidades sociales del Tercer Sector estarán capacitadas para verificar que los solicitantes tienen derecho legal a una autorización de residencia especial.
El mensaje de fondo, según las fuentes consultadas, también señala que los criterios de vulnerabilidad no están claros, lo que podría complicar la tarea de las administraciones para resolver las solicitudes. El Consejo de Estado no se detendría ahí e introduciría otra observación esencial: eliminar la presunción de que todos los extranjeros en situación irregular están automáticamente en situación de vulnerabilidad.
Otra de las discusiones se refiere a la posibilidad contemplada en el decreto de admitir documentos identificativos caducados (los solicitantes deberán presentar una copia de su pasaporte, cédula de inscripción o un título de viaje reconocido en España). El Ministerio del Interior sostiene que el proceso debería limitarse a personas que cuenten con documentos vigentes, criterio que parece también ser compartido por el órgano consultivo del Gobierno.
Antecedentes penales
Los solicitantes de esta regularización no pueden tener antecedentes penales ni en España ni en los países donde hayan residido en los últimos cinco años. Según informan a ABC, el órgano consultivo ha dedicado bastante tiempo a este tema durante su deliberación, ya que se trata de un requisito que, insisten las fuentes consultadas, debe comprobarse con total rigor. Tanto es así que también consideran que, mientras no se disponga de los informes que lo ratifiquen, el proceso debería quedar en suspenso; es otra advertencia clara al ministerio de Elma Saiz.
El órgano consultivo no ve con buenos ojos las excepciones incluidas en el decreto y, de hecho, formularía dos observaciones a este respecto: la primera se refiere a aquellos solicitantes que llevan cinco años viviendo en España, ya que podrían haberlo hecho de manera irregular durante un período. En este caso, afirman que no habría medio de prueba sobre sus antecedentes. La segunda se centra en aquellos que hubieran presentado la solicitud dentro de los cinco años —por ejemplo, al inicio del período— y que luego pudieran haber residido temporalmente fuera de España y haber cometido algún delito en el extranjero antes de regresar.
La deliberación sugiere que, si no se acredita la ausencia de antecedentes, el proceso debería ser suspendido
La declaración responsable como método de acreditación de la ausencia de antecedentes penales, en caso de que los solicitantes no hayan obtenido respuesta al solicitarlos en sus países, también es objeto de debate. Aunque el Ministerio de Justicia aparentemente ha dado su aprobación, el órgano consultivo opina que no es el enfoque más adecuado para un proceso tan amplio que afectará a tantas personas.