El Consejo de Estado reprende a Pedro Sánchez por su registro de medios ‘franquista’: «Limita la libertad»

El Consejo de Estado, la máxima autoridad consultiva del Gobierno en materia legislativa, expresa su preocupación por el registro de medios que el Ejecutivo busca imponer a través de su autodenominada Ley para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y medios de comunicación. Actualmente, la ley se encuentra en proceso de debate en el Congreso de los Diputados.

En su dictamen, al que OKDIARIO ha tenido acceso, el Consejo de Estado presenta diversas objeciones a la creación de este registro, al que los medios deberán inscribirse y actualizar regularmente la información referente a su estructura de propiedad, el monto anual de fondos públicos que reciben para publicidad estatal y el total de ingresos anuales derivados de la publicidad por parte de autoridades o entidades públicas de otros países.

A pesar de que el Gobierno se ampara en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, el Consejo de Estado aclara que dicho reglamento «no impone la creación de un registro, sino que simplemente exige la unificación de la información publicada por los proveedores de servicios en una base de datos nacional».

«La precisión no es únicamente terminológica, sino también conceptual, dado que la publicación de la información está destinada a los usuarios de los medios de comunicación y no a las Administraciones públicas», subraya el órgano consultivo.

Por lo tanto, advierte que «no se trata de establecer un registro administrativo de control (un instrumento de policía administrativa), sino de implementar una herramienta de transparencia que sirva a los ciudadanos y empresas, con el objetivo de facilitar el acceso a la información sobre la propiedad de los medios de comunicación».

El reglamento mencionado establece que «para promover un alto grado de transparencia en la propiedad de los medios de comunicación, los Estados miembros también deben encomendar la creación de bases de datos sobre propiedad de medios a autoridades u organismos reguladores nacionales, o a otros organismos competentes. Estas bases de datos deben funcionar como una ventanilla única que permita a los destinatarios de los servicios de medios verificar fácilmente la información relevante sobre un determinado proveedor de servicios de medios de comunicación».

Por otra parte, el Consejo de Estado recuerda que «en el ordenamiento español no existe actualmente ninguna obligación de registro para la actividad periodística» y que «los antiguos registros de empresas periodísticas y editoriales previstos en la Ley de Prensa de 1966 fueron abolidos» en 1984.

«De este modo, la imposición de una nueva obligación de registro podría interpretarse como una restricción al libre ejercicio de la actividad periodística», lo cual sería contrario a las disposiciones del reglamento europeo que advierte que: «Nada de lo dispuesto debe interpretarse como una interferencia con la libertad de información, la libertad editorial o la libertad de prensa, ni que motive a los Estados miembros a imponer requisitos sobre los contenidos editoriales o las publicaciones de prensa».

Asimismo, este organismo señala que para implementar una medida de este tipo, «que conlleva una restricción al actual régimen de libertad, debería «evaluarse su proporcionalidad y proporcionar justificaciones claras».

«Ecosistema democrático»

El Gobierno argumenta que este registro «no tiene como objetivo el control, entendido como un instrumento de policía administrativa, sino activar un mecanismo de transparencia que beneficia a ciudadanos y empresas». «En otras palabras, se trata de un registro puramente informativo».

En su perspectiva, «la medida es adecuada porque favorece el escrutinio público sobre los actores mediáticos y refuerza la confianza en la información; es necesaria ya que no existen alternativas menos restrictivas que logren igual grado de transparencia de manera efectiva; y es estrictamente proporcionada porque no afecta al contenido editorial ni implica censura, sino que establece una obligación administrativa limitada y justificada, ampliamente superada por los beneficios que aporta al buen funcionamiento del ecosistema democrático y mediático».

El ministro de Transformación Digital, Óscar López, defendió tras la aprobación de la ley en el Consejo de Ministros que se trata de una propuesta «muy importante que tendrá efectos significativos en la vida cotidiana de muchas personas».

Por lo tanto, bajo el pretexto de la transparencia, el registro suscita varias cuestiones, como el control real que el Gobierno podrá ejercer sobre los medios y el relato informativo. La Ley de Prensa de 1966 establecía que al Estado le correspondía «regular el número y la extensión de las publicaciones».