El desecho de Almeida y el panorama después del golpe judicial.

El Basurazo de José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, se ha convertido en una historia de largo aliento. Los tribunales han desechado este recargo a la ciudadanía varios meses después de su instauración, tras una prolongada lucha entre la administración de Cibeles, la justicia, la oposición y las asociaciones vecinales en torno a un impuesto originado en la normativa europea y reestructurado por la corporación municipal con una fórmula tan abusiva que fue prohibida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Es importante retroceder en el tiempo y revisar la cronología de este tarifazo sobre la recogida de basuras que ha mantenido a los ciudadanos madrileños en tensión durante meses.

Todo comenzó en septiembre de 2025, cuando la administración de Cibeles introdujo este tributo, con un costo promedio de 142 euros por hogar. Uno de los aspectos más polémicos de esta tarifa es que su monto está vinculado, además del costo real del servicio de residuos y la cantidad de basura generada por cada hogar, al valor catastral de la propiedad. Así, a la tarifa base se le agrega una parte variable que varía por barrios, lo que hace que algunas áreas paguen más que otras. Por su parte, el Consistorio se desentendió al acusar al Gobierno central de Pedro Sánchez, alegando que el impuesto surge de una normativa aprobada por el Ejecutivo en el año 2022 para cumplir con las exigencias de la Unión Europea en términos de reciclaje. Los grupos de izquierda y Vox señalan que el alcalde no ha actuado dentro de los márgenes permitidos por la ley estatal para gravar la gestión de residuos conforme a la renta de la población.

La llegada del caso a los tribunales

La Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) fue la encargada de estimar los recursos presentados por diversas instituciones y organizaciones contra la tasa de basuras, conocida oficialmente como Ordenanza Fiscal 8/2024 del Ayuntamiento de Madrid, y declaró la nulidad de pleno derecho de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos. La justicia madrileña determinó que se cometió una infracción significativa de las normas que la rigen, al haberse omitido durante el trámite de información pública parte esencial del informe técnico-económico (ITE) completo que fundamentaba el recargo.

De acuerdo con la sentencia, aunque el resultado estaba reflejado en el informe, este no respondía al cálculo de gestión de residuos y, en consecuencia, estos trámites públicos son considerados «una garantía sustancial del procedimiento de elaboración de disposiciones generales». Al desconocerse su actividad completa en materia de residuos, el tribunal concluye que el Ejecutivo de Almeida «ha privado al ciudadano de un elemento esencial del expediente administrativo», tal como se expone en el texto adelantado en su momento por ElPaís. En otras palabras, el Ayuntamiento no logró demostrar que el impuesto se aplicaba de manera justa, tanto en la gestión de residuos como en el precio a pagar por cada inmueble.

La sentencia judicial resalta que la ordenanza municipal se aprobó en un marco de «obligación legal impuesta por la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados», que exige a las administraciones locales contar con métodos de financiación en los que quienes contaminen, paguen. Es importante señalar que, conforme a las directrices establecidas por el Tribunal Supremo en esta materia, el informe del ITE no debe simplemente presentar cifras o resultados definitivos, sino que también debe incluir una explicación justificada y razonada de la metodología utilizada para verificar la eficacia y funcionalidad de la tasa en los distintos barrios.

Lucha vecinal y modificación de la tasa

Desde la perspectiva política, la tasa de basuras de Almeida provocó la reclamación de aproximadamente 130.000 afectados ante el Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid (TEAMM) y la Agencia Tributaria, integrándose a la oposición manifestada por asociaciones vecinales que llevaron a cabo campañas instando a la apelación de los pagos, las cuales contaron con el respaldo de Más Madrid y la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), partido y entidad que recurrieron la ordenanza ante la Justicia madrileña.

Desde Más Madrid, se lanzó una campaña informativa para incitar a los vecinos a oponerse al pago de la nueva tasa implementada por el alcalde del PP. La formación sostuvo haber mostrado su oposición a la medida cuando fue debatida en el Pleno del Ayuntamiento hace alrededor de un año y que recurrió a los tribunales por no cumplir con la normativa vigente.

El grupo municipal progresista no dudó en calificar la tasa del alcalde de «chapuza» en términos jurídicos y prácticos. En relación a lo primero, Más Madrid argumenta que el Consistorio ha utilizado indebidamente este impuesto, que se rige por ordenanza fiscal, dado que el servicio de recogida no se realiza de manera directa, sino a través de empresas privadas. Además, el partido liderado por Rita Maestre denuncia que la medida carece de criterio alguno, tanto social como de sostenibilidad.

Asimismo, el Gobierno de Cibeles, un mes y medio después de establecer la ordenanza, se vio forzado a modificarla para que la factura de 2026 tuviera en cuenta el número de empadronados en cada vivienda, todo en respuesta a las quejas de los vecinos afectados y las protestas impulsadas por los partidos de la oposición. Debido a la diferenciación por barrios, el cálculo que afecta a cada vecino considera la tarifa básica–la cual es abonada por todos por recibir el servicio de recogida y limpieza de residuos, además del valor catastral del inmueble- y la tarifa por generación –que se refiere al volumen de basura generada en cada barrio y verifica el nivel de reciclaje-. Con la última modificación de Cibeles, se introduce un tercer factor: el empadronamiento, administrado a través de tarifas distribuidas en diez tramos.

A lo que se enfrenta ahora el Ayuntamiento: ¿devolver los 300 millones recaudados?

Almeida llegó al último Pleno del Ayuntamiento ya con el impuesto sobre las basuras anulado por la Justicia, y la oposición no dejó pasar la oportunidad para presionarlo nuevamente con este tema, exigiendo que devuelva «cada euro» de los 300 millones de euros que el consistorio recaudó con dicha tasa.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue un tema central en el Pleno de Cibeles, donde tanto la oposición como Vox se lo recordaron a Almeida. «Debe salir aquí y pedir perdón a los madrileños a los que les ha cobrado una tasa injusta e ilegal», exigía la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. «El tasazo de basuras de Almeida es ilegal». El alcalde, por su parte, nuevamente lanzó críticas hacia el Gobierno central, a quien responsabiliza del impuesto: «Vayamos juntos al Ministerio de Hacienda y pidamos la derogación de la tasa de residuos», omitiendo en su defensa, como se ha expuesto anteriormente, que la tasa de basuras es una directriz de Europa, y que su aplicación, que en Madrid ha sido desestimada por la Justicia, depende únicamente de cada Ayuntamiento.

Maestre refrescaba la memoria al edil ‘popular’ en su posterior comparecencia ante los medios, recordándole que el monto recaudado por el Ayuntamiento con la tasa irregular se aproxima a los 300 millones de euros. «Almeida debe aclarar cuándo va a devolver lo cobrado injustamente a los madrileños por ese tasazo de basuras que seguimos considerando injusto y que ahora los tribunales, gracias al recurso de Más Madrid, declaran como ilegal», reivindicaba.