El «desorden» de la ley Bolaños incrementa a dos veces el tiempo de espera en los tribunales de violencia de género en Madrid.

La asunción de nuevas competencias por parte de los juzgados de violencia de género, así como la transformación de los órganos unipersonales en tribunales de instancia, está generando serias deficiencias en la calidad del servicio. Cinco meses después de que estos juzgados comenzaran a conocer delitos sexuales que no involucran a parejas o exparejas, y tras tres meses de la implementación de la última fase de la ley Bolaños en Madrid, jueces especializados en esta área alertan sobre retrasos de varios meses en los señalamientos.

«Desbordados» y «desmoralizados». Así describen su situación los jueces de violencia de género consultados por El Confidencial, quienes advierten sobre el deterioro progresivo del servicio debido al incremento de la carga de trabajo. El «caos» que ha traído la implantación de la ley de eficiencia ha llevado al límite a unos juzgados que ya funcionaban a máxima capacidad.

Según las fuentes consultadas, la aplicación de la norma diseñada por los socialistas ha llegado sin los recursos necesarios para adaptarse a un cambio de esta magnitud. Además, apuntan los expertos, el hecho de que desde el pasado 3 de octubre los juzgados de violencia de género también se ocupen de los casos de violencia sexual fuera del ámbito de pareja ha provocado que el tiempo de espera se duplique en algunos casos.

«No damos abasto», asegura la magistrada Carmen Gámiz, quien explica que antes podía asignar casos en dos o tres meses, mientras que ahora, la agenda de señalamiento puede extenderse hasta seis meses. También menciona que este problema puede agravarse, lo que empeorará las previsiones para fijar señalamientos en los próximos meses, especialmente en los procedimientos civiles.

Una de las consecuencias más evidentes de esta situación es la reducción de funcionarios en los juzgados de Violencia Sobre la Mujer para cubrir los nuevos tribunales de instancia creados mediante la ley de eficiencia. En Madrid, se contaba con aproximadamente 9 funcionarios por juzgado, cifra que ahora se ha reducido en un 30%, alcanzando casi la mitad en momentos puntuales. Según las fuentes consultadas, la falta de personal se vuelve más evidente cuando uno de ellos es asignado a cubrir alguna guardia, lo que ocasiona retrasos en el servicio.

En consecuencia, se demandan más recursos y la ampliación de la plantilla para manejar el volumen de asuntos asignados a estos juzgados. Además de la aprobación de nuevas plazas por parte del Gobierno, insisten en que la Comunidad de Madrid designe más funcionarios para acelerar los plazos.

Asimismo, se informa que en varios juzgados aún no se dispone de expediente electrónico, obligando a trabajar con papel temporalmente. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) también ha reportado esta incidencia al Ministerio de Justicia. Hace una semana, este órgano envió un informe con diversas anomalías detectadas durante la implementación de la última fase de la ley de eficiencia.

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Entre otros asuntos, el secretario general alertó que en prácticamente todas las comunidades aún no se han adaptado los sistemas de gestión procesal al nuevo modelo organizativo. Esta falta de adaptación ha derivado en problemas informáticos en varias regiones.

También se denuncia la insuficiencia de personal y la pérdida de refuerzos clave, además del retraso en la incorporación efectiva del nuevo personal. En varios partidos judiciales, los procedimientos de acoplamiento del personal al servicio de la Administración de Justicia en sus nuevos puestos no han sido completados, según el CGPJ.

En el contexto de los juzgados de violencia de género, estas incidencias se agravan debido a la carga de trabajo que implica asumir nuevas competencias. «La realidad es que esta vez no podemos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible» y, además, esto irá en «detrimento» de las «víctimas que requieren atención personalizada y tiempo de calidad», sentencian.

Desde el Ministerio de Justicia niegan la existencia de incidencias “estructurales” en los nuevos tribunales de instancia e insisten en que ninguna de las dificultades detectadas «durará más allá de unas semanas». Félix Bolaños reconoció el 11 de marzo en una rueda de prensa que hay «incidencias» puntuales en algunos juzgados, pero matizó que se trataban de problemas menores que se resolverán de manera progresiva y temprana.

La asunción de nuevas competencias por parte de los juzgados de violencia de género, y la posterior transformación de los órganos unipersonales en tribunales de instancia, está provocando importantes deficiencias a la hora de ofrecer un servicio de calidad. Cinco meses después de que estos juzgados pasaran a conocer de delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, y tras tres meses desde la puesta en marcha de la última fase de la ley Bolaños en Madrid, jueces expertos en esta materia alertan de que se están empezando a producir retrasos de varios meses en los señalamientos.