El Gobierno eleva a 134 millones de euros el gasto del salvamento de la autopista en quiebra R-4 de Madrid.

MADRID 11 Feb. (EUROPA PRESS) –

El Gobierno ha estimado un coste provisional de 134,4 millones de euros para el rescate de la autopista radial R-4 Madrid-Ocaña (Toledo), que es una de las nueve autopistas que colapsaron durante la crisis financiera y que está actualmente bajo la gestión del Estado.

Esta cifra sobrepasa la indemnización de cero euros que se había calculado inicialmente en 2021, tras considerar las sentencias del Tribunal Supremo de 2022 que favorecieron a la concesionaria cuando apeló el primer cálculo por la incorrecta aplicación de la normativa por parte del Gobierno.

La segunda resolución, publicada este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), contempla lo que se conoce como ‘Responsabilidad Patrimonial de la Administración’ (RPA), que representa el monto que debe abonar el Estado a los concesionarios por la inversión realizada en la construcción que aún no ha sido amortizada.

El primer cálculo ascendió a 181 millones de euros, mientras que este nuevo cálculo complementario es de 281 millones. Sin embargo, como el Gobierno deberá asumir algunos pagos futuros, principalmente por las expropiaciones realizadas para construir la carretera, se retendrán 146 millones, llevando a un pago total de 134,4 millones de euros.

En el primer cálculo, el Gobierno no pagó importe alguno, dado que sobre esos 181 millones, retuvo 295 millones, resultando en un coste provisional de cero euros. En esta ocasión, se ha procedido al desembolso esperando la resolución final y los nuevos recursos presentados por la concesionaria.

El pago se efectúa después de que el Gobierno asumiera el control y operación de la autopista, indemnizando a la empresa por las inversiones en la vía, que ahora forma parte del patrimonio estatal. Esta cifra sigue siendo provisional, con una definitiva que se publicará en los próximos meses.

En 2019, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros la metodología que utilizaría para calcular el coste del rescate de todas las autopistas que quebraron durante la crisis, que ya supera los 1.000 millones de euros.

En el caso de la R-4, el contrato fue impulsado por el Gobierno de José María Aznar en 2001 y abierta al tráfico en 2004, adjudicada a Ferrovial y Europistas (posteriormente adquirida por Sacyr) por un plazo de concesión de 65 años. En 2012, entró en concurso de acreedores, siendo rescatada en 2018, desde entonces ha recuperado el tránsito y su salud financiera, ahora bajo control estatal.

Para el resto de las autopistas quebradas, el coste del rescate asciende a 307 millones por la AP-7 Circunvalación de Alicante, 283 millones por la autopista AP-7 Cartagena-Vera (Globalvía y Ploder), 119 millones por las radiales R-3 y R-5 (bajo una única sociedad formada por Abertis, Sacyr, ACS y Bankia), 53 millones de euros por la AP-41 (Isolux Corsán, Comsa, Sando y Azvi), y 46 millones por la M-12 (OHL).