El intercambio de un palacete y un edificio junto al Palace entre los gobiernos de Sánchez y Ayuso en el Madrid VIP, por 1,7 millones de euros | Noticias de Madrid

Algo está sucediendo en el corazón VIP de Madrid. Con los precios del alquiler en constante aumento y los de compra de vivienda inalcanzables para muchos, los Gobiernos de España y Madrid han llegado a un acuerdo para llevar a cabo una operación inmobiliaria que parece sacada del Monopoly. En el centro de esta iniciativa está la construcción del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo frente al Congreso de los Diputados. Para llevarlo a cabo, el Estado necesita adquirir varias plantas de un edificio codiciado en la calle Duque de Medinacelli, con vistas al hotel Palace, que actualmente son propiedad de la Comunidad de Madrid. Para lograrlo, se ha propuesto un trato atractivo, según documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS: pagar 1,7 millones de euros y entregar al gobierno de Isabel Díaz Ayuso una vivienda de 300 metros cuadrados que permitirá a Madrid completar la propiedad de un palacete en la calle Núñez de Balboa. Esto ha generado el rechazo de los vecinos, “hartos” de la turistificación que afecta a la capital de España.

“Si bien estamos totalmente de acuerdo en que Madrid cuente con un espacio para honrar a las víctimas del terrorismo, manifestamos nuestra total oposición a que ese lugar sea el que propone el Ministerio de Interior”, afirmó Jorge Nacarino, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales (FRAVM). “Los residentes del centro están agotados de que las políticas culturales en la ciudad, así como las de los diferentes ministerios, profundicen en la turistificación del centro y no les permitan acceder a los recursos que necesitan, como cualquier otro barrio”, añadió. “El barrio de las Letras no necesita otro complejo cultural. Necesita vivienda social”, enfatizó. Y concluyó: “Este edificio podría destinarse a cualquier tipo de vivienda social que favorezca la permanencia de personas mayores o jóvenes en el barrio, en medio de la crisis habitacional que vivimos con el desmesurado aumento de precios y las viviendas de uso turístico”.

Sin embargo, ese no parece ser el propósito. El proyecto del Ministerio del Interior para el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo es monumental y deriva de la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011. Abarca todos los actos terroristas que ha sufrido España desde junio de 1960, fecha del asesinato de la niña Begoña Urroz por una bomba del DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación Nacional) en San Sebastián, hasta el presente. Esto incluye el terrorismo de ETA, la guerra sucia, los GRAPO y el yihadismo, sin olvidar a los efímeros del DRIL, los anarquistas y el FRAP. Esta nueva sede en Madrid se sumará a la ya existente en Vitoria-Gasteiz.

Con el objetivo de honrar a las víctimas y denunciar el terrorismo, el Gobierno central pretende que el centro cuente con 4.000 metros cuadrados destinados a exposiciones. Una vez que se efectúe el intercambio con Madrid, el edificio elegido, inaugurado en 1922 como Palacio de Hielo y del Automóvil, dispondrá de 15.000 metros cuadrados y tres entradas distintas. El siguiente paso será que Hacienda, responsable de Patrimonio, determine cómo se distribuirán los espacios y qué usos se dará a aquellos que no sirvan al memorial, según ha indicado un portavoz gubernamental.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? Se debe retroceder a varios decretos de 1984 y 1989. “El Estado”, explica un portavoz del Ejecutivo central; “cedió mucho patrimonio para que las Comunidades Autónomas establecieran sus oficinas y pudieran comenzar a trabajar cuando se pusieron en marcha”. Y añade: “Entre esas cesiones está la parte del edificio de la calle Duque de Medinacelli que ahora se recupera”.

Así complementa la explicación de la operación un portavoz del Gobierno regional. “Se trata de una permuta propuesta por el Gobierno central, en la que entregamos una planta (de 946 metros cuadrados) que poseíamos en un edificio donde el resto de las plantas eran del Estado, y viceversa: el Gobierno central nos entrega una planta (de 370 metros cuadrados) de un edificio donde el resto de las plantas son nuestras”, aclara. “La planta que cedemos estaba en desuso desde que se inició el trámite para la permuta”, continúa. “Y en el inmueble que ahora será totalmente nuestro, hay una parte en desuso que fue el centro de vacunación internacional, y otra que actualmente utiliza Educación para la tramitación de becas”.

Valoraciones millonarias

Para Madrid, que justifica este cambio como una “optimización del patrimonio”, la operación es un gran éxito. Ambas partes acordaron tasar los bienes involucrados en la operación. La parte perteneciente a la Comunidad se valoró en 3.593.956,69 euros. La del Estado, en 1.886.762,23 euros. Dado que el de la Comunidad es más valioso, el Estado ha tenido que abonar la diferencia: 1.707.194,46 euros, además de ceder una vivienda de 370 metros cuadrados que permite al gobierno autonómico completar la propiedad de un palacete ubicado en la calle Núñez de Balboa.

En 2022, el entonces consejero de Presidencia, Enrique López, realizó una visita a estas dependencias para anunciar que allí se establecería un Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo madrileño. Sin embargo, este mismo noviembre, Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno autonómico, anunció que la Comunidad de Madrid abrirá un Centro Interactivo para la Memoria, en recuerdo a las víctimas del terrorismo, en Carrera de San Jerónimo 13, donde se encuentra la Viceconsejería de Justicia y Víctimas.

¿Qué se hará entonces con la nueva adquisición, antes destinada a uso sanitario y judicial? “El uso que se le dará aún no está definido”, comenta un portavoz regional sobre esta operación entre dos administraciones antagónicas en lo político, que han conseguido llegar a un acuerdo en torno a sus intereses inmobiliarios.