El juez Peinado cierra el caso contra la funcionaria de alto rango de La Moncloa acusada en el ‘caso Begoña Gómez’ | España

El juez Juan Carlos Peinado, encargado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, ha decidido archivar la imputación de Judit Alexandra González Pedraz, secretaria general de Presidencia del Gobierno, quien había sido imputada recientemente por presunta malversación vinculada al trabajo de la asesoría de la esposa del presidente del Gobierno en La Moncloa. Peinado ha tomado esta decisión tras escuchar su declaración, concluyendo que la asistente de Gómez no depende orgánicamente de ella, de acuerdo con fuentes jurídicas.

El magistrado programó la declaración de varios testigos este domingo, tras conocer que uno de los abogados del caso no podría asistir en la fecha previamente convenida (el pasado miércoles). Peinado citó a la secretaria general de Presidencia para “informarla sobre el objeto del procedimiento y hacerle entrega de los hechos que se le imputan” por malversación de fondos públicos. En su documento, señalaba que su declaración no podía ser “en calidad de testigo” porque era posible que cometiera el delito de desviación de caudales públicos “en la modalidad de comisión por omisión, dado su rol de garante, impartiendo órdenes o instrucciones” a la asesor de Begoña Gómez.

Las dudas del instructor se centran en que la asistente de la esposa del presidente, Cristina Álvarez, también imputada, ha sobrepasado sus funciones como servidora pública al ayudar a Begoña Gómez en su actividad privada cuando esta dirigía una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid.

González comenzó a testificar pasadas las seis de la tarde y, tras media hora de explicaciones sobre su rol, el juez decidió archivar el caso de inmediato. La trabajadora de La Moncloa respondió a las preguntas del juez, la Fiscalía y las defensas, aunque solo el abogado de Cristina Álvarez formuló preguntas. Detalló las funciones de su trabajo y mencionó que tenía bajo su responsabilidad a unas 250 personas en la sede gubernamental, pero ninguna de ellas era Cristina Álvarez. El juez decretó el sobreseimiento libre.

Peinado lleva la causa contra Begoña Gómez desde abril de 2024, manteniéndola imputada por cinco delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo profesional y malversación. El tercer investigado, después de que Judit Alexandra González haya sido desvinculada, es el actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, quien también fue función en la Secretaría de Presidencia desde julio de 2021 hasta marzo de 2023. La lista la completa el empresario Juan Carlos Barrabés, quien recibió el apoyo de Begoña Gómez a través de dos cartas en un concurso público adjudicado por la empresa Red.es (dependiente del Ministerio para la Transformación Tecnológica).

El juez había citado este domingo a otros tres testigos que ya habían declarado anteriormente en la causa: el exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, el presidente del Instituto Empresa, Diego de Alcázar, y el responsable institucional de Google, Miguel Escassi.

Todo el interrogatorio, que finalizó pasadas las ocho de la tarde, se centró en la relación entre todos los organismos y la asesora Álvarez. El primero en testificar fue De Alcázar, quien explicó que no tuvo relación directa con la asesor de Begoña Gómez. En la misma línea, el responsable de Google indicó que nunca la conoció personalmente.

Por su parte, Doadrio ofreció una declaración más detallada, siendo la tercera que brindaba en este Juzgado. En esta ocasión, abordó los correos que presentó de forma voluntaria, donde se evidenciaba que Álvarez interactuó con él durante el inicio de la cátedra de Transformación Social Competitiva. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil elaboró un informe con los 121 emails intercambiados entre Doadrio y Álvarez relacionados con la gestión de dicha cátedra. Este domingo, el exvicerrector mencionó que ha compartido comidas con la asesora y con Begoña Gómez y que conoció a la primera el día que se firmó el convenio con la Complutense. Además, comentó que presumiblemente le sugirió a Gómez que registrara el software que desarrolló para el máster Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad, y que posteriormente se enteró por la prensa de que no se había llevado a cabo.