El Kremlin califica a Deutsche Welle como «organización no grata» y advierte sobre sanciones por cualquier relación con el medio | Internacional

El Ministerio de Justicia ruso ha clasificado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta designación conlleva sanciones de hasta seis años de prisión por trabajar en el canal, así como multas e incluso encarcelamiento para aquellos espectadores que compartan o den “me gusta” a alguna de sus noticias. El organismo ruso no ha proporcionado razones para prohibir este medio federal alemán. “Este último intento de silenciar a los medios libres pone de manifiesto el flagrante desprecio del régimen ruso por la libertad de prensa y revela su temor a la información independiente”, ha señalado la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de que se formalizara el veto en Rusia.

“A pesar de la censura y del bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle cuenta con más usuarios que nunca”, sostiene Massing en un comunicado. “Continuaremos brindando nuestra cobertura periodística independiente sobre la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas para los cuales la información escasea en Rusia, permitiendo que la gente forme su propia opinión”, añadió la directora general del medio alemán.

Esta prohibición es el clímax de la persecución del Kremlin hacia Deutsche Welle, aunque las presiones sobre los medios occidentales comenzaron antes. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Con el inicio de la invasión de Ucrania en 2022, Berlín bloqueó la transmisión del canal del Kremlin Russia Today en alemán, a lo que Moscú respondió designando al medio alemán como agente extranjero. Esta clasificación no constituía un veto, pero restringía su operatividad hasta hacerlo prácticamente inviable, tanto para informar a los rusos como al resto del mundo. Finalmente, Deutsche Welle cerró su oficina, pero el Kremlin luego clasificó individualmente a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero. Hoy, tras varias reformas legales, esa categorización también puede conllevar encarcelamiento por no etiquetarse de tal modo en las redes sociales.

Deutsche Welle decidió prescindir de colaboradores en Rusia en 2024, año en el que el Kremlin intensificó su presión sobre los medios europeos, expulsando a varios corresponsales y bloqueando el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de información, incluido este diario. Sin una VPN, siguen siendo inaccesibles hasta la fecha, al igual que las llamadas a través de WhatsApp y Signal, y YouTube, un servicio que ha sido drásticamente ralentizado y que el Parlamento ruso ha asegurado que bloqueará completamente en seis meses.

El Kremlin instauró su ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, con el objetivo de reprimir toda voz crítica. Bajo esta medida, han sido prohibidas 280 instituciones, incluidas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso la simple mención de una organización de la lista en redes sociales puede resultar en multas de entre 5,000 y 15,000 rublos (alrededor de 53 a 160 euros), aunque la reincidencia o el tener antecedentes puede ser motivo para abrir un caso penal contra el supuesto infractor.

De acuerdo con el presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Vasili Piskariov, Deutsche Welle “promueve propaganda antirrusa” y “forma a especialistas en desinformación a través de su academia de medios». Precisamente, el Parlamento ruso aprobó en marzo de 2022 una ley que castiga con prisión “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Esto se traduce en la difusión de cualquier información sobre presuntos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania, nombre oficial que la legislación se niega a calificar como “invasión” o “guerra”.