El Kremlin califica a Deutsche Welle como «organización no grata» y advierte sobre sanciones por cualquier relación con el medio | Internacional

El Ministerio de Justicia de Rusia ha calificado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta designación conlleva penas de hasta seis años de prisión para quienes trabajen en el canal, así como multas e incluso encarcelamiento para aquellos que compartan o den “me gusta” a alguna de sus noticias. La institución rusa no ha dado a conocer las razones detrás de esta prohibición hacia el grupo mediático germano. “Este último intento de silenciar a los medios libres evidencia el evidente desprecio del régimen ruso hacia la libertad de prensa y revela su temor a la información independiente”, declaró la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de que se confirmara el veto en Rusia.

“A pesar de la censura y de su bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle tiene más usuarios que antes”, sostiene Massing en un comunicado. “Continuaremos ofreciendo nuestra cobertura periodística independiente sobre la agresión en Ucrania y otros temas donde la información es casi inexistente en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión”, adelantó la directora general del medio alemán.

Esta prohibición final representa la culminación de la persecución del Kremlin a Deutsche Welle, aunque las presiones sobre los medios occidentales comenzaron anteriormente. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Cuando inició la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la emisión del canal Kremlin Russia Today en alemán, y Moscú respondió designando al medio alemán como agente extranjero. Aunque esto no significaba un veto, sí limitaba su trabajo, haciéndolo prácticamente imposible en su labor informativa tanto para los rusos como para el resto del mundo. Deutsche Welle finalmente cerró su corresponsalía, mientras que el Kremlin luego clasificó a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero de manera individual. Hoy, tras diversas reformas legales, esta clasificación también puede llevar a la encarcelación si no se autodenomina así en las redes sociales.

Deutsche Welle optó por dejar de contar con colaboradores en Rusia en 2024, año en que el Kremlin intensificó la presión sobre los medios europeos al expulsar a varios corresponsales y bloquear el acceso a los sitios web de 81 periódicos y agencias de información, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, estos siguen siendo inaccesibles hoy, al igual que las llamadas por WhatsApp y Signal, o YouTube, un servicio que ha sido ralentizado notablemente y que el Parlamento ruso anunció este martes que se bloqueará completamente en un plazo de seis meses.

El Kremlin implementó su ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, para silenciar cualquier voz crítica. A través de esta medida, se han prohibido 280 instituciones, incluidas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso la mera mención de una organización de la lista en redes sociales conlleva multas que oscilan entre 5.000 y 15.000 rublos (aproximadamente de 53 a 160 euros), y la reincidencia o tener antecedentes puede justificar la apertura de un caso penal contra el supuesto infractor.

De acuerdo con el presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Vasili Piskariov, Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y ”forma especialistas en desinformación a través de su academia de medios». De hecho, el Parlamento ruso aprobó una ley en marzo de 2022 que castiga con cárcel “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Esto implica que difundir cualquier información sobre presuntos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania, nombre oficial del conflicto que la legislación se niega a llamar “invasión” o “guerra”.