El Ministerio del Interior afirma que tuvo conocimiento de la denuncia a las seis de la tarde, pero está indagando si el entorno del exjefe de la Policía ocultó el caso de violación | España

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que ni él ni su equipo conocieron hasta este martes por la tarde acerca de la acusación de violación contra el ex número dos de la Policía, José Ángel González. Sin embargo, altos mandos policiales afirman que tanto el ministro como el director de la Policía, Francisco Pardo, fueron informados a las seis de la tarde, justo media hora antes de que los medios difundieran la noticia. Las dudas, en cambio, parecen concentrarse en el entorno del ex Director Adjunto Operativo (DAO). El Ministerio del Interior ha iniciado un procedimiento interno que involucra al comisario y mano derecha de José Ángel González, Óscar San Juan, quien fue cesado tras haber sido condecorado el pasado mes de septiembre. Ahora está bajo la lupa por haber, presuntamente, presionado a la víctima para que no denunciara. Existen temores entre algunos mandos sobre la posible expansión del escándalo de encubrimiento. Uno de los puntos clave es determinar quién tomó la decisión de que esta agente comenzara el 24 de julio de 2025 en la subdirección de Recursos Humanos, en el mismo edificio donde trabajaba el DAO.

La relación sentimental entre José Ángel González, conocido como Jota, y esta agente de Policía era un secreto a voces en su círculo más cercano, según distintas fuentes. Ambos se conocieron hace casi dos décadas en Valladolid, donde ella estaba asignada a la Brigada Provincial de Información y él, primero en la Unidad de Intervención Policial (UIP) y luego, tras ascender a comisario, como jefe provincial. Su relación más cercana se extendió, al menos, desde 2024 hasta parte de 2025.

En la denuncia presentada, la agente señala que existía una relación de superioridad jerárquica en la que, tras ascender a inspectora a principios de 2025, estaba sujeta a las imposiciones de Jota. “Oye, que soy el DAO”, le decía, creando un ambiente de intimidación, según se describe. Los hechos investigados por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid se produjeron el 23 de abril de 2025. Ese día, a las 14.15, cuando ella estaba en la Comisaría de Coslada, recibió una llamada de González. Fuentes policiales confirman que él estaba en ese momento almorzando con su mano derecha, el comisario Óscar San Juan, quien era conocido dentro del cuerpo como el mini-DAO por su cercanía y ascendente sobre el jefe. A menudo, se quedaba a alargar las sobremesas.

La supuesta agresión sexual ocurrió horas después, cuando González insistió en llevarla en un Renault Kadjar camuflado a su residencia oficial, ubicada en la calle Alberto Alcocer de Madrid. A pesar de que la inspectora se negó repetidamente a subir, él siguió insistiendo y, una vez en la casa, ocurrió la alegada violación que, según se dice, la mujer grabó con un dispositivo. La denuncia presentada por el abogado Jorge Piedrafita —quien ha participado en otros casos mediáticos como la supuesta agresión sexual de Íñigo Errejón a Elisa Mouliáa o la de Luis Rubiales a Jenni Hermoso— contiene numerosos detalles, y fuentes policiales explican que hay ciertas palabras que revelan la inconfundible acción de Jota. Por ejemplo, se menciona un insulto en el que él la llama “borrica”.

Tras ese 23 de abril, la inspectora denuncia haber sufrido “una campaña de acoso” que podría resultar en una mancha de aceite que alcance a más altos mandos policiales. Quienes sabían y quiénes intentaron ocultarlo son las preguntas a las que el expediente abierto por Interior sobre el comisario San Juan podría dar respuesta.

La Ley 4/2010 del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía establece que para estos procedimientos internos debe nombrarse un instructor (un funcionario de Policía) que procederá a tomar declaración a las personas que considere pertinentes y podrá solicitar información a diversas Administraciones Públicas para determinar si ha habido algún tipo de infracción. Estas pueden ser administrativas (separación del servicio, suspensión de funciones hasta seis años, traslado forzoso, etc.) o penales. Si se concluye que dentro de la DAO ocurrió algo delictivo, como el encubrimiento de un delito o coacción, se deberá informar a la justicia.

El primer señalado ha sido el comisario Óscar San Juan, quien, según relata la denuncia, tuvo una conversación telefónica con la denunciante en la que le sugirió que eligiera cualquier destino con tal de que no informara sobre lo sucedido. San Juan es un amigo íntimo y colaborador leal del ex-DAO. De hecho, el pasado mes de septiembre, Marlaska le otorgó una medalla de plata pensionada (con más de 400 euros de por vida), un reconocimiento poco habitual que se asigna a agentes que han realizado actuaciones excepcionales en servicio. La mayor virtud de San Juan, según distintas fuentes, era su apoyo incondicional a Jota, lo que él quiso recompensar con la condecoración.

La denuncia no explica cómo la inspectora dejó su puesto en Coslada, donde realizó las prácticas, para unirse a la Subdirección de Recursos Humanos de la Policía Nacional, ubicada en la calle Miguel Ángel, en el mismo edificio donde se encuentra el despacho del DAO. La intervención en la decisión de que acabara como asistente de la comisaria principal Gemma Barroso es una de las grandes incógnitas que aún persisten en este caso. Barroso asumirá de manera interina el rol del DAO, tal como indica el artículo 4.2 de la Orden que regula la estructura orgánica de la Dirección General de la Policía.

La inspectora mostró señales de que algo no estaba bien en dos ocasiones. La primera, el 2 de junio, cuando asistió al Punto Violeta de Rivas Vaciamadrid en busca de asesoría psicológica y jurídica. Este servicio es proporcionado por el Ayuntamiento de Rivas, por lo que Interior no tuvo acceso directo a esa información. La segunda vez, ya de forma interna, fue el 24 de julio, cuando le comunicó a la comisaria Barroso que no estaba en condiciones de trabajar por cuestiones de salud mental tras recibir una llamada del despacho de José Ángel González que no contestó. Fue entonces puesta a disposición del equipo de apoyo psicosocial, aunque por razones obvias, los informes elaborados por este equipo son confidenciales, lo que ha llevado a altos mandos policiales a negar que supieran que el malestar de la inspectora estuviera vinculado a una agresión sexual, y mucho menos a algo relacionado con el DAO. Cuatro días después, el 28 de julio, la inspectora solicitó una baja médica debido a un cuadro ansioso-depresivo.

El abogado Piedrafita, quien ha detallado los acontecimientos en varias entrevistas entre el martes y el miércoles, sostiene que el asunto se ha manejado con mucho sigilo debido al temor de la víctima a represalias y que la vía elegida para denunciar ha sido la judicial y no la policial, precisamente por esa razón.

Miembros de la Policía consideran difícil que en la Secretaría de Estado de Seguridad o en la Dirección General no se supiera nada, aunque un alto cargo policial rechaza rotundamente esta idea: “Hasta ayer a las seis de la tarde no sabíamos nada. A las tres horas de tener conocimiento de la querella [el DAO] presentó su renuncia”. Marlaska expresó este miércoles su “decepción” personal hacia González y negó cualquier conocimiento previo. Sin embargo, no hay ningún indicio que sugiera que el ministro conocía la denuncia de antemano, pero el expediente interno en el Interior o la investigación judicial podrían llevar a otros mandos de confianza del DAO que, en algún momento, pudieron tener conocimiento de lo ocurrido con la inspectora. Mientras tanto, González ha contratado a un abogado penalista de prestigio y deberá presentarse ante el juez el próximo 17 de marzo para ofrecer su versión.